En la mesa de análisis realizada por la Universidad Ágora Hispanoamericana, los participantes coincidieron en la necesidad de que durante el proceso de revisión de estas adecuaciones al sistema judicial de México, se cuide la injerencia del crimen organizado.
En el foro donde participaron, Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Yurisha Andrade Morales presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) y el diputado local del Partido del Trabajo (PT), J. Reyes Galindo Pedraza, se expresó la necesidad de cuidar que dentro de los tribunales no se tenga la presencia de grupos fácticos.
Hurtado Gómez, fue enfático: “Hay que cuidarlo mucho, hay poderes fácticos que van a querer incidir en algún momento, me estoy yendo a un ejemplo bonito”.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, cuestionó cómo se va a impedir que la delincuencia organizada se infiltre en este tipo de procesos de selección o presiones externas, si se observa que los mismos dirigentes de los partidos políticos a nivel nacional intimidan a los magistrados.
“En muchas ocasiones las decisiones no son favorables para las partes y siempre va a haber un ganador, y una persona que no le beneficie la resolución aquí es donde bueno volvemos a lo mismo cuando llegan los actores políticos y los partidos políticos amagarte y a tratar de intimidarte, incluso a hostigarte que en qué andas, dónde estás, obviamente insistir, lo mismo un cargo de relevancia que están bien remunerados que tienen porque tienen camionetas blindadas y un ejército de escoltas aunque un pobre mortal de nosotros”, añadió.
Reyes Galindo refirió que la reforma podría estar aprobada en septiembre y explicó que para esta adecuación se necesitarán entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, mientras que en caso de optar por la elección popular, se podría elegir a 1 mil 600 juzgadores en una primera jornada que pudiera realizarse en el 2025,
