El Ombusperson de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez aseguró que los temas de inclusión son un adeudo pendiente de las instituciones.
Lo anterior durante la Conferencia Magistral: La Igualdad Sustantiva, ¿Qué le debe el Estado a los grupos de la diversidad y la disidencia sexogenérica? Impartida por Mariana Díaz Figueroa, directora de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad adscrita a la Unidad General y de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tinoco Álvarez afirmó que cada peso que destina el gobierno debe impactar en resultado específico que generen accesibilidad.
La titular de SEINMUJER, Alejandra Anguiano destacó que la lucha es de todos los días, desde todos los rincones, señaló que es inmoral que arrebaten la vida a una persona por sus preferencias o elecciones a la hora de ser o amar a otra persona “hasta que la dignidad se haga costumbre”, recalcó.
En tanto Solange Tapia de la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, indicó que los Derechos Humanos son fundamentales para el desarrollo de las sociedades.
Mariana Díaz Figueroa inició su disertación cuestionando “¿Qué se entiende por igualdad formal?” precisó que la igualdad formal suele ser representada normativamente bajo la garantía de “igualdad ante la ley”, es decir, toda persona humana tiene un derecho inherente a recibir un trato igualitario ante las normas vigentes.
Dijo que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido a la igualdad formal como: “Una protección contra distinciones o tratos arbitrarios, se compone a su vez de la igualdad ante la ley:
• Igualdad en la norma jurídica, dirigida a la autoridad materialmente legislativa y consiste en el control del contenido de las normas para evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias.
• Uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades”.
Ejemplificó con un caso acontecido en España en 1999:
Caso Ángela González Carreño, cuando su hija Andrea tenía tres años, Angela se separó de su esposo después de que él la amenazara con un cuchillo.
Durante varios años, Ángela presentó alrededor de 30 denuncias contra él ante el sistema jurídico español, con el fin de mantener las visitas bajo vigilancia y evitar que se eliminara la supervisión gradualmente.
La desatención por parte de las autoridades investigadoras y jurisdiccionales sobre la gravedad de la violencia que vivían ambas, impidió que se sancionara al agresor y que se tomara en cuenta en el régimen de visitas.
Lo que derivó en el homicidio de la niña a manos de su padre durante una visita sin supervisión, quien en ese mismo acto se suicidó”.
