El dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pasalagua aclaró que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial no puede declararse todavía constitucional, ya que siguen en proceso cerca de 500 amparos colectivos que presentaron trabajadores del volante por las irregularidades que se presentaron para su aprobación, además de que apelarán la resolución del Juzgado Noveno de Distrito que desechó 38 de los recursos legales.
Explicó que los amparos están en análisis en los 9 juzgados de distrito que hay en Michoacán y el pasado 2 de febrero resolvió el primer juez, pero sin ir al fondo cuando se acreditaron violaciones graves del Congreso de Michoacán.
“Nosotros estamos presentando un recurso de revisión y se va al tribunal colegiado para que se resuelva, entonces el gobernador, vuelvo a decirlo, dice que es abogado pero desconoce, yo no soy abogado, pero sé un poquito de leyes, el hecho que habla de 38 amparos, pero son más de 500 amparos y tenemos en los 9 juzgados de distrito los amparos, entonces que resuelva un juzgado, aunque resuelva que lo sobresee porque no demostramos el interés jurídico, que porque no le presentamos la renovación de concesiones”.
Martínez Pasalagua, recordó que para aprobar la legislación, el Congreso del estado incurrió en actos de corrupción, pero además cambió de manera ilegal la sede para la sesión del pleno con lo que se violentó la Ley Orgánica y de Procedimientos; no se citó a todos los diputados y no coincide el número de legisladores votantes con los que pasaron lista.
El dirigente transportista aseguró que también el gobierno de Michoacán violó la ley, ya que pese a la orden de un juzgado de distrito para que se “dejaran las cosas en el estado que se encontraban” hasta resolver de fondo los amparos, el Ejecutivo creó el Instituto del Transporte del estado y le asignó presupuesto, pero además consideró 36 nuevos cobros que establece la nueva legislación, en la Ley de Ingresos 2024.
“Los juzgados de Uruapan nos dieron los amparos definitivos, los juzgados ordenaron que se suspendiera y el gobernador violó los amparos al publicar y generar recursos para un instituto que no debería haberse generado, pero lo vivimos en Michoacán y en el país, la falta de respeto a los poderes”.
Martínez Pasalagua informó que desde el 2023 los juzgados de distrito emitieron 247 suspensiones definitivas contra la Ley de Movilidad y seguridad Vial, por lo que tendría que haberse cancelado su aplicación hasta que se resuelvan de fondo los amparos.
