Luego de que el Congreso del estado inició el trámite para atender su requerimiento mediante un decreto, la Juez Cuarta de Distrito, Katia Orozco Alfaro otorgó un plazo de 72 horas, contados a partir del día siguiente de la notificación oficial, para que los legisladores cumplan cabalmente con su resolución y dejen sin efectos el decreto 461, por el que se designó a Marco Antonio Bravo Pantoja, Auditor Superior de Michoacán (ASM).
La representante del Poder Judicial Federal precisó que fue informada de “las gestiones” que realiza el Congreso del estado “para dar cumplimiento” a su determinación, ya que se citó al pleno del Congreso del estado “a sesión extraordinaria para las ocho horas con 45 minutos del 12 de diciembre del 2023”, a fin de desahogar el trámite establecido para la creación de un decreto.
Explicó que, además, se le solicitó prórroga “a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento total a la resolución interlocutoria”, por lo que determinó darle un plazo de 3 días contados a partir del siguiente en que reciban la notificación oficial.
Señaló que la “autoridad responsable”, deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite el total cumplimiento a la referida resolución, al advertir que de no hacerlo o manifestar el impedimento que para ello tenga, serán denunciados ante el Ministerio Público de la Federación, los servidores públicos correspondientes”, acusados de desacato a mandato judicial.
La jueza también informó que recibió escrito de la coordinadora e Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, “con el cual se les tiene realizando diversas manifestaciones en torno a las gestiones realizadas por la autoridad responsable a fin de cumplir con la resolución interlocutoria de uno de diciembre del año en curso, lo cual será tomado en consideración al momento de que este juzgado realice el pronunciamiento respectivo”
De igual forma, notificó que la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Laura Ivonne Pantoja Abascal interpuso recurso de queja contra la resolución “en la que se declaró procedente y fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva” promovido por el ex auditor superior del estado, Miguel ángel Aguirre Abellaneda.
En el documento, se establece que en un término de tres días legalmente computados, debe turnarse el caso al Tribunal de Alzada para la debida substanciación del recurso de queja.
