Cuatro años después de su aprobación a nivel nacional, el Congreso de Michoacán avaló el modelo de justicia cívica para el estado, lo que marcará la pauta para que los 113 municipios implementen el esquema que actualmente opera en Morelia, para ofrecer vías alternativas en la resolución de conflictos de menor gravedad, con la instalación de juzgados cívicos.
De acuerdo con el diputado Hugo Anaya Ávila, uno de los legisladores que presentó la propuesta, la justicia cívica tiene como objetivo fundamental la solución de los conflictos cotidianos que surgen de la convivencia de las personas, que se da entre vecinos en comunidad, en las escuelas, en los centros de trabajo, en la calle o en el transporte.
Indicó que además para este propósito, se tiene contemplado que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad se destine un 10 por ciento de los recursos que equivaldrían a 30 millones de pesos, además consideró que se podría destinarse también parte del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ).
“Lo importante es que primero esté el marco jurídico, segundo que vaya obligando a los municipios que están transformando poco a poco las policías municipales de las que ya se tenían antes que eran policías municipales al nuevo sistema policial, van transitando las barandillas, los jueces calificadores que ese era el cargo que existen en todos, hacia los jueces cívicos, que incentive al estado a programas de transformación”, mencionó.
En este contexto, detalló que los Ayuntamientos deberán realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas a más tardar en 180 días hábiles, a partir de su publicación, pero dijo se deben ajustar en su tema presupuestal, físico que tiene que hacer para implementarlo. “Es una tarea difícil porque implica la construcción de los juzgados físicos, lo más fácil es no hacer nada”, expresó.
Agregó que este modelo de justicia cívica se aprobó en el 2019 a nivel nacional, pero son 4 mil municipios los que deberían transitar a un nuevo modelo que surge del que se implementó en Morelia, con policías que deben tener áreas de atención, recepción de denuncias, investigación y de atención a víctimas.
De acuerdo con la nueva ley, el Congreso del Estado realizará las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias a fin de dotar de los recursos materiales y financieros en el ejercicio fiscal 2024, que permitan el cumplimiento del Decreto, además de que los centros de justicia cívica municipales existentes continuarán operando con su normatividad vigente.
Los municipios deberán establecer de acuerdo a su densidad poblacional, de uno a dos Juzgados Cívicos Municipales cuando se tenga por lo menos treinta mil habitantes; de dos a tres Juzgados Cívicos Municipales en los Municipios que tengan más de treinta mil habitantes y menos de sesenta mil habitantes; de cuatro hasta ocho Juzgados Cívicos Municipales en los Municipios que tengan más de sesenta mil habitantes.
La ley contempla la implementación de los medios electrónicos, por lo que los Ayuntamientos deberán preverlo dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor, así como deberá prever y remitir al Congreso para su aprobación las reformas a su Ley de Ingresos para las tarifas que por multas o sanciones, deberán pagar los infractores, antes de la entrada en operaciones de sus centros de justicia cívica.
Señala que el registro de infractores de la Ley deberá estar en funcionamiento en
un plazo de treinta días hábiles siguientes en que los municipios adecuen la organización y funcionamiento de los órganos encargados de impartir Justicia Cívica.
