El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que quedó “prácticamente sin efecto” el amparo que promovió Miguel Ángel Aguirre Abellaneda por presuntas irregularidades en el proceso que siguió el Congreso local para removerlo de la Auditoría Superior de Michoacán.
Entrevistado al respecto, señaló que quedó firme el juicio político al que fue sometido el exauditor, y con ello, “resultó responsable de los cargos que se le establecieron”.
“El amparo quedó sin materia porque recordemos, ustedes son medios de comunicación y están bien informados, el ex auditor estuvo sujeto a un juicio político, ya fue votado, quedó firme, y resultó responsable de los cargos que se le establecieron por corrupción en el juicio político y quedó firme.”
Ramírez Bedolla aclaró que es abogado y en consecuencia no le van a contar ni asustar “con el petate del muerto ni con cuestiones legaloides”, al asegurar que tras la remoción de Aguirre Abellaneda procedió el juicio político
“Yo soy abogado, entonces no nos van a contar ni nos van a asustar con el petate del muerto, ni con cuestiones legaloides”
Como se informó, el pasado 25 de mayo, el Congreso de Michoacán aprobó la remoción de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, pese a que el Juez Séptimo de Distrito, José Ramón Rocha González ordenó suspender de manera provisional el proceso y ordenó al Congreso abstenerse “de resolver lo relativo a la separación del cargo”, en tanto se resuelva el caso.
Al solicitar el amparo, Aguirre Abellaneda argumentó que no se cumplieron las formalidades para garantizar una adecuada defensa, como la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas, la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Pese a esto, el 1 de septiembre, el pleno legislativo declaró procedente el Juicio Político que solicitó la contralora del estado, Azucena Marín Correa y determinó destituir de nuevo del cargo a Miguel Ángel Aguirre e inhabilitarlo durante 10 años para ocupar cargos públicos.
Marín Correa acusó al ex auditor de encabezar una presunta “red de corrupción, con empresas y personas físicas” con las que tiene vínculos laborales, familiares o políticos, de la omisión de responsabilidades fiscales y de que los informes financieros que firmó no reflejan la realidad del estado.
