“En política no hay amigos, no hay más que cómplices”. Rafael Barret (1876 – 1910) Escritor y periodista español.
La construcción de los distribuidores viales en las salidas a Mil Cumbres y Salamanca en Morelia, apestan a corrupción y conforme pasan los días la situación empeora.
Desde el principio se cuestionó que se les entregara prácticamente el 50 por ciento del costo total de la obra a los constructores, situación inusual, por decir lo menos. Luego, el constante retraso que no impidió que se les siguiera pagando y el colofón es que no ha habido sanciones.
Esta semana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla señaló que “parece que tuvieron que asumir las pérdidas del moche”, tres de las cuatro constructoras que iniciaron la obra en la salida a Mil Cumbres, porque una “se rajó”. Y remató, “entonces no hay delito qué perseguir porque al final cumplieron”.
Se equivoca Ramírez Bedolla. Si hubo moche, debe sancionarse, de menos debe presentar la denuncia y los elementos que tenga a su alcance. Es el gobernador, no puede simplemente decir que “parece” que hubo moche, dejarlo así es cuando menos una irresponsabilidad.
Los ciudadanos han tenido que soportar que los constructores no concluyeron en tiempo, que no termina de ser funcional porque faltaron retornos, está llena de topes y las vialidades que pretendían agilizar concluyen en semáforos.
Así que si hubo moches como sospecha el gobernador, entonces es su responsabilidad actuar en consecuencia para evitar que los ciudadanos sospechen que es cómplice.
No es asunto menor. La inversión fue superior a 487 millones de pesos, de los cuales, unos 445 millones los puso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 50 millones el de Silvano Aureoles Conejo.
Así que, si Alfredo Ramírez tiene razón en su sospecha de moche, el monto podría ser de mínimo 48 millones de pesos por cada obra, considerando un moche del 10 por ciento. Lo que obliga a suponer, siguiendo el dicho del gobernador, que el presunto moche debió salpicar a ambas administraciones, la federal y la estatal.
En el caso del distribuidor de la salida a Salamanca, la actual administración estatal sí procura la rendición de cuentas en la primera etapa. Canceló el contrato y hay un pleito legal para esclarecer un faltante de 110 millones de pesos.
Lo malo es que, para terminar dicha vialidad, la administración de Ramírez Bedolla en noviembre de 2022 adjudicó de manera directa y por casi 155 millones de pesos a la empresa SUPRA Construcciones S.A. de C.V dichos trabajos, que deberían estar listos en marzo del presente año, pero incumplieron.
Le dieron una prórroga para que acabara en junio argumentando que se tuvo que modificar el proyecto para beneficio de los ciudadanos, pero volvió a incumplir. Sin embargo, les dieron otra prórroga para septiembre y según lo declarado por el gobernador hace un par de días, incumplieron una vez más y ahora la expectativa es que acaben en octubre.
En el caso del distribuidor vial de salida a Salamanca, la inversión inicial superó los 430 millones de pesos, de los cuales, unos 380 millones son federales y 50 millones estatales.
Ambas obras apestan a corrupción. Tiene razón Ramírez Bedolla en sospechar que hubo moche, pero no debe dejarlo en una simple declaración, resultaría hasta irresponsable, Es su obligación procurar la rendición de cuentas.
De no hacer nada, confirmará que el gobierno de López Obrador resultó el más beneficiado del moche que sospecha.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
