La evaluación de las contralorías municipales en Michoacán por parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), es una medida necesaria para garantizar que cuenten con perfiles idóneos para llevar a cabo su función: la de investigar y substanciar los casos de presunta corrupción o de responsabilidad administrativa, para que puedan ser sancionados, indicó el magistrado Hugo Gama Coria.
Para el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) la medida podría fortalecer un proceso ya dispuesto en el plan de acción y el presupuesto del SEA, sobre la capacitación de las y los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) en el estado.
Esto, ya que si los informes de presunta Responsabilidad Administrativa no están integrados como dice la norma, si no aportan pruebas suficientes sobre los hechos que presumen, o si no definen los tipos que persiguen, “son asuntos que se caen ante un Tribunal, precisamente porque presentan esas deficiencias”, explicó.
La propuesta del también titular de la Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del TJAM, plantea una reforma a la Ley Orgánica Municipal para que las y los integrantes de las contralorías de los Ayuntamientos sean evaluados por el SEA antes de ser designados por los Cabildos respectivos.