Con 23 votos a favor de diputados de Morena, Partido del Trabajo, PAN, PRI, PVEM y la Representación Parlamentaria, el Congreso de Michoacán aprobó “la procedencia” de la solicitud de juicio político que realizó la Secretaría de la Contraloría del Gobierno estatal contra Miguel Ángel Aguirre Abellaneda como Auditor Superior (ASM), por violentar la Constitución Política estatal e infringir una serie de leyes que regulan el manejo de recursos públicos.
A una semana de que el pleno votó a favor de la remoción del funcionario del cargo, ahora el pleno ordenó el inicio del proceso legal, por lo que el caso se turnó a la Comisión Jurisdiccional que encabeza el panista César Palafox Quintero.
En la sesión que se realizó en un recinto alterno ante la toma de Palacio Legislativo y sin difusión en través de redes sociales, se dio lectura al dictamen elaborado por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En el documento, se explicó que la solicitud de la dependencia se encuentra fundamentada en la acusación de que el exfuncionario encabeza una presunta “red de corrupción, con empresas y personas físicas” con las que tiene vínculos laborales, familiares o políticos, y que operaba desde que era delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).
A partir de aquí, se estableció la presunción de que el ex titular de la Auditoría, adjudicó recursos públicos del órgano fiscalizador a personas relacionadas con él “ya sea con vínculos de amistad, como laborales”, con lo que se contraviene la Ley de Fiscalización y la Constitución Política del estado.
También es señalado por omisión en el cumplimiento del pago de contribuciones de las prestaciones laborales, como es el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto a la Nómina.
Se presumen también que “los informes financieros firmados por el auditor, no reflejan la situación financiera del estado, ya que no contempla como pasivo” todos los adeudos de pago.
A partir de estos señalamientos, las comisiones consideraron totalmente colmados los requisitos de procedencia para el inicio del juicio político contra Aguirre Abellaneda, al precisar que las conductas “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho de sus funciones”.
