Con 25 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde Ecologista, PAN y la Representación Parlamentaria, así como 11 en contra del PRI, PRD y PES, en sesión nocturna, el Congreso del estado aprobó la remoción del auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por violentar los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad establecidos en la Constitución Federal y en la Carta Magna estatal, así como en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
Los legisladores hicieron caso omiso al amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito al responsable de la Fiscalización Estatal y en el que ordenó detener el proceso de remoción, y determinaron que Aguirre Abellaneda termina sus funciones con el decreto aprobado por el pleno legislativo
En consecuencia, declararon válida la destitución del cargo, con ausencia de las diputadas del PRI Samantha Flores Adame y Daniela de los Santos Torres; la coordinadora perredista Julieta Gallardo Mora y el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, tras evidenciar que el funcionario no acudió ante el pleno para hacer uso de su derecho a defenderse.
En el dictamen, elaborado por 3 de los 5 integrantes de la Comisión Inspectora en menos de una hora, los diputados denunciaron que el Auditor Superior, trasgredió el principio de legalidad, al ejecutar 2 órdenes de auditoría a recursos federales ejercidos por el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas en septiembre del 2021, cuando no existía convenio de colaboración con el órgano fiscalizador federal.
También expusieron que violentó la Ley de Fiscalización Superior del Estado, al expedir su propia normatividad interna y crear la dirección general de Planeación, con lo que afectó la labor de los auditores especiales.
De igual forma, señalaron que trasgredió el artículo 135 de la Constitución del estado, ya no cumplió a cabalidad los mandatos de fiscalización de las cuentas estatales, omitió notificar a los ex titulares de área de las observaciones y en consecuencia, no se fincaron responsabilidades derivadas de un daño al erario por más de 200 millones de pesos.
Sin embargo, ningún legislador abordó tribuna para argumentar a favor o en contra, solo los morenistas, Seyra Anahí Alemán Sierra y Juan Carlos Barragán Vélez pidieron modificar el primer artículo del decreto de remoción.
En una propuesta conjunta que expuso Alemán Sierra, pidió anexar los hechos y la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que la presidenta de la Comisión Inspectora, Guillermina Ríos Torres solicitó al Auditor Superior de Michoacán, información sobre los procedimientos en su contra, así como de los otros integrantes del órgano dictaminador: César Palafox Quintero, Roberto Reyes Cosari y Guadalupe Díaz Chagolla.
La legisladora afirmó que pueden representar hechos constitutivos de delitos como ejercicio ilícito del servicio, corrupción y abuso de autoridad, por lo que pidió anexarlos como complemento a las “causas y razones” por las que se ordenó la remoción del Auditor.
Con mayoría de votos a favor de la propuesta, se consideró aprobada la remoción que tiene efectos inmediatos.
En consecuencia, se espera que asuma el cargo, el auditor Superior de Normatividad, Marco Antonio Bravo Pantoja.
