Tras los procesos legales que inició la LXXV Legislatura local contra el Auditor Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que hay una serie de señalamientos de algunos presidentes municipales que pudieran llevarse al ámbito penal.
Sin precisar más información, afirmó que algunos de los actos denunciados podrían escalar la falta administrativa.
“Hay una serie de quejas, de señalamientos, por parte de los presidentes municipales, recordemos que cambiamos el tipo penal de extorsión, entonces algunos de los actos que se están investigando y se han puesto sobre la mesa, pueden tipificarse no nada más como una falta administrativa sino una causa penal”.
Rechazó referirse al perfil que deberá reunir el próximo responsable de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), pero dijo conocer que se emitirá la convocatoria para elegir al nuevo responsable de la fiscalización estatal, una vez que se realice la sesión del pleno legislativo en la que se discutirá su remoción.
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