Finalmente, tras las manifestaciones de protesta del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (STASPLE) en el pleno y el cierre de los accesos al recinto, el Congreso de Michoacán dio marcha atrás a su determinación de despedir a 46 trabajadores y con el voto de 22 legisladores, se acordó su reinstalación, además del pago de las últimas 2 quincenas.
Al arranque de la sesión programada para este jueves, los gritos, descalificaciones y señalamientos contra los legisladores obligaron a suspender la plenaria, pese a la inconformidad del diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, quien insistió en descalificar a los manifestantes como “aviadores”.
La presión de los trabajadores obligó a la presidenta de la Mesa Directiva, Julieta García Zepeda a nombrar a una comisión para atender a los empleados despedidos, pero la presidenta del Comité de Administración, Mónica Valdez Pulido pidió que el tema tuviera una solución de fondo, al recordar que la JUCOPO tomó la decisión sin tomarlos en consideración.
“No sé bajo qué argumentos se da que algunos diputados vayamos a una comisión, cuando estas desventajas se vienen dando desde hace más de 7 meses en la Junta de Coordinación Política, donde ahí se toman decisiones que nos ponen en un estado de desigualdad, Creo y exijo que en este momento, la presidenta del Congreso, la presidenta de la JUCOPO y los aliados de la JUCOPO resuelvan en este momento”.
Tras una serie de dimes y diretes, García Zepeda anunció que atendería a una comisión en el Salón de Recepciones, mientras que los inconformes optaron por cerrar las puertas como medida de presión.
Luego de una reunión que no se prolongó por más de 40 minutos, se recopiló la firma de 22 diputados del PRI, PAN, PRD, PT, Verde Ecologista e incluso de Morena, que acordaron la reinstalación de los 46 trabajadores, mediante un oficio.
Solo el líder sindical, Rogelio Andrade Vargas pidió no ejercer ningún tipo de represalia contra quienes se manifestaron, al señalar que “radio pasillo”, realizó algunas advertencias al respecto.
“Lógicamente no va a haber ningún tipo de represalias por el movimiento legal y de protestas que tenemos hacia nuestros compañeros, porque se habla de actas administrativas y ese tipo de cosas, no estarían encuadradas en este proceso”.
La presidenta de la mesa, comprometió que no se ejercerá ninguna represalia, pero pidió reconsiderar acciones de presión como el impedir el acceso y la salida al Congreso local.
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