El último día de mayo vencerá el plazo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Congreso de Michoacán, para que someta a consulta de las comunidades y pueblos indígenas, así como de la población discapacitada, la Ley estatal de Educación que se aprobó en 2020, por considerar que las disposiciones relativas a educación indígena, inclusiva y especial afectaron directamente los intereses de estos sectores.
Para dar cumplimiento a esta disposición, en un artículo transitorio del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado correspondiente al 2023, se reservaron 10 millones de pesos, sin embargo, a poco más de 2 meses de que fenezca el periodo que fijó el Poder Judicial Federal no hay ningún trabajo al respecto.
La presidenta de la Comisión Legislativa de Educación, Belinda Hurtado Marín anticipó que tendrá que hacer un llamado directo desde la tribuna legislativa para que comiencen los trabajos, ya que en otros Congresos locales ya ha iniciado el proceso judicial por desacato contra los legisladores.
“Comentarles que en el estado de Nuevo León ya iniciaron el proceso de desacato hacia todo el Congreso, no hacia 2 o hacia 3; en otros Congresos han iniciado hacia 1 diputado, 2 o 3, no se le ha tomado la seriedad, ya fue un presupuesto aprobado en diciembre, un presupuesto que no lo determiné yo, pero ahora yo entre pasillos me han dicho los diputados que tiene que ser analizado y aprobado por la JUCOPO, el Comité de Administración, la Secretaría de Finanzas y ya se nos está terminando el tiempo”.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), aclaró que debido a la misma resolución judicial, el Poder Legislativo está impedido a realizar cualquier modificación normativa en Educación Inicial e Indígena sino se hacen primero consultas en la materia.
Señaló que a la fecha, han trabajado únicamente en el tema con el diputado Víctor Zurita Ortiz, como presidente de la comisión de Atención a Personas de Discapacidad; de Brenda Fraga Gutiérrez, en la Comisión de Pueblos Indígenas, y en su caso, como presidenta de la comisión de Educación, pero no hay quórum del resto de los legisladores.
“Hemos estado trabajando muy fuerte, pero como presidentes, no hemos tenido quórum y por eso no se ha iniciado, por eso espero que para la próxima sesión ya hayamos tenido una reunión y decirles que los invito a que se presenten todos y si no quieren, porque sus agendas están muy apretadas, pues que renuncien y se integren por otros compañeros o lo retome la JUCOPO”.
Belinda Hurtado precisó que desconoce el número de comunidades que tendrían que consultar, pero explicó que tendrían que consultar a los pueblos originarios que habitan el estado, comunidades afromexicanas y las personas con alguna discapacidad.
El 29 de mayo del 2022, el pleno judicial invalidó los artículos 23, 84 a 87 y 94 a 102, relativos a la educación indígena, inclusiva y especial, toda vez que dichos preceptos afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa de conformidad con los artículos 1º y 2º de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no se cumplió tales disposiciones.
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