La Auditoría Superior de Michoacán (ASM), tiene en investigación cerca de 350 cheques que fueron emitidos por la Secretaría de Finanzas del Congreso de Michoacán y cobrados entre octubre y diciembre del 2018, por una serie de prestaciones no contempladas dentro del tabulador de sueldos y, en consecuencia, ilegales.
El titular de dicho órgano, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, señaló que los documentos fueron remitidos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), a solicitud expresa de la Auditoría, como parte del proceso de Fiscalización al Poder Legislativo.
Explicó que de manera inicial tenían 200 cheques en revisión, pero esperan recibir 500.
“Hemos recibido más cheques por parte de la Comisión Nacional Bancaria, ese corte lo tendremos en unos días, en unos meses y ya ustedes lo conocerán. Ahorita tenemos 325 cheques y teníamos 200 y son un total de 500”.
Aguirre Abellaneda explicó que lo que se busca es conocer quién cobró esos cheques que se emitieron por montos variables que van desde los 40 mil y hasta los 100 mil pesos, que suman cerca de 50 millones de pesos.
El auditor explicó que se tienen en revisión el ejercicio fiscal 2018, pero rechazó detallar nombres de los ex diputados que estarían bajo investigación.
“No me gustaría hablar de periodos de nombres, me gustaría hablar del Ejercicio Fiscal que estamos revisando, que es 2018, estamos revisando cheques y estamos recibiendo más cheques de la Comisión Nacional Bancaria”.
De acuerdo a la información oficial, la ASM hizo observaciones preliminares por 267 mdp, al ejercicio fiscal del Congreso del estado correspondiente al 2018, luego de que no entregó la documentación comprobatoria de una serie de prestaciones no contempladas dentro del tabulador de sueldos del Poder Legislativo.
En el documento que contiene los resultados finales y observaciones preliminares elaborado por el órgano fiscalizador, se conoció que la ASM solicitó aclaración de las prestaciones otorgadas a los trabajadores, lineamientos para determinarlas, e identificar el procedimiento desde la solicitud, la entrega y persona facultada para otorgarlas, copias certificadas de las solicitudes y autorización por escrito, pero el oficio no fue atendido.
Entre los señalamientos, se detectó que “no existe evidencia de la autorización para otorgar la prestación P119 Labores Extraordinarias”, ya que tras la revisión de los pagos realizados en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre de ese año, se detectó que se otorgaron prestaciones adicionales por dicho concepto por un importe de 9 millones 890 mil 557 pesos.
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