En solo una semana, el Congreso de Michoacán recibió, dictaminó y aprobó las reformas al Código Penal del estado que presentó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y que recibió el pleno el pasado 16 de febrero.
Sin ninguna intervención en tribuna, este jueves 25 legisladores emitieron su voto a favor del dictamen elaborado por la comisión de Justicia, por el que se endurecerán las sanciones a quien cometa el delito de extorsión, que ahora se castigará con prisión de 15 a 25 años, así como de 100 a 500 días multa.
A partir de su aprobación, en el Código Penal se estableció un capítulo específico para este delito que ahora deberá perseguirse de oficio, cuando el Ministerio Público tenga noticia por cualquier medio de su ejecución en perjuicio de cualquiera de las actividades económicas o productivas del estado.
Entonces, en Michoacán cometerá extorsión quien “obligue a otra persona, por cualquier medio, incluida la violencia física o psicológica a dar, hacer, dejar de hacer algo, tolerar algo o amenace con causar daño en su persona, familia, posesiones, actividades económicas o laborales, o a un tercero con el que tenga cualquier vínculo afectivo, laboral, económico, con el propósito de obtener un lucro para sí o para una tercera personal”.
La extorsión podrá ser de manera personal, vía telefónica o a través de cualquier medio tecnológico.
Las penas se agravarán hasta en una mitad cuando la víctima sea una persona menor de 18 años o mayor de 60; padezca alguna enfermedad grave o terminal, se trate de una mujer embarazada; cuando el delincuente amenace con la publicación o difusión de mensajes de carácter erótico o sexual.
También se agravarán las sanciones en dos terceras partes cuando intervengan dos o más personas; el delito lo cometan personas privadas de la libertad o desde un reclusorio, o bien por servidores públicos, miembros o ex integrantes de corporaciones de seguridad pública o privada.
Legisladores rechazaron el tipo penal propuesto en la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que consideró como delito la conducta típica de extorsión equiparada, cuando el padre, madre o tutor, que tenga a su cargo la custodia de un menor incapaz, restrinja o limite al otro el derecho a la convivencia.
Precisaron que esto representaría una discriminación directa hacia la mujer, ya que serían las que en mayor medida pudieran incurrir en una práctica de este tipo.
Tras su aprobación, ante el pleno la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mayela Salas Sáenz, informó que el dictamen también consideró su propuesta presentada el 24 de febrero del 2022
