Morelia, Mich. Próximos al inicio del Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 75 Legislatura de Michoacán, uno de los temas más importantes será, el análisis y debate de la propuesta de reforma al Código Penal del Estado en materia de extorsión, enviada al Legislativo por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló la diputada Daniela de los Santos Torres.
En este sentido, es de suma importancia que el delito de extorsión, sea considerado de alto impacto para la sociedad michoacana, no solo por el incremento en su incidencia, sino, porque las modalidades en su ejecución ha evolucionado, para focalizarse en diversos tipos de víctimas en función de su actividad económica, y/o haciendo uso de medios como el teléfono y las redes sociales, afirmó la legisladora.
Cabe señalar que la propuesta de reforma al Código Penal, prevé que los delitos de extorsión se perseguirán de oficio y no solamente por denuncia, esto indica que, serán considerados como un atentado a la paz de las personas, por ello, como integrante de la Comisión de Justicia, Daniela de los Santos, afirmó que una vez que la propuesta sea turnada, trabajarán con el objetivo de dar solución a esta problemática, ya que, en muchos casos, la extorsión no es denunciada debido al temor a las represalias y hoy por hoy, se desconoce el número real de incidencia de este delito.
Afirmó que, las y los diputados de la 75 Legislatura deben asumir el reto y trabajar para dotar de todos los recursos legales y facultades claras para quienes ejecutan la ley. El delito de extorsión será perseguible por oficio, cuando el Ministerio Publico tenga conocimiento, incluida la denuncia anónima, además se prevé aumentar la sanción para el delito y ello incluye el aumento en la sanción a las autoridades que incurran en la participación del delito.
La diputada Daniela de los Santos, destaca que la propuesta será ampliamente discutida para que sea justa, permitiendo la accesibilidad a la justicia para todas las y los michoacanos; puesto que, la seguridad es un derecho humano y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo a través de la ley, la procuración de justicia y medidas de prevención.
