El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado contra el delito de extorsión en Michoacán, en la que propone aumentar la penalidad de 15 a 25 años de prisión, con la tendencia de endurecer las sanciones a quienes cometan este delito.
Acompañado por representantes de los 3 poderes del estado, informó que al ser la extorsión, uno de los delitos con mayor impunidad, se buscará sea perseguido de oficio, a fin de que se logre impartir justicia en favor de las víctimas directas.
En este sentido, se pronunció por generar las condiciones para el desarrollo y crecimiento económico del estado, por lo que solicitó a todas las áreas responsables revisar el tema a la brevedad, al ser un delito que padecen principalmente la micro, pequeña y la mediana empresa, así como la obra pública, y las familias michoacanas.
Con esta iniciativa se obligará a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones a denunciar inmediatamente al Ministerio Público, la probable existencia del delito e incluir la modalidad por medios electrónicos o nuevas tecnologías.
Los agravantes serán considerados cuando se realice el delito de extorsión por privar de la libertad a una persona, cuando los servidores públicos de vigilancia faciliten los medios para cometer el delito, cuando se reciba dinero o bienes de la víctima en más de una ocasión.
Cuando la extorsión sea mediante el cobro de cuotas a víctimas dedicadas al desarrollo de actividades económicas y cuando se refiera también de la intervención de algún grupo de la delincuencia organizada.
Asimismo, cuando para obtener un lucro sea mediante una coacción o amenaza, difundir mensajes, imágenes o videos eróticos y sexuales en los que aparezca la víctima.
Cuando se requiera el pago de una deuda inexistente mediante un teléfono, amenaza o intimidación, o cuando se provoque un percance vehicular y se responsabilice a la víctima para obtener un lucro.