Daño psicológico, además de afectaciones a su ritmo de sueño y alimentación, registraron los 4 integrantes de la familia de Jessica González Villaseñor como consecuencia del feminicidio de la joven, que dejó a su mamá, en estado de ira con un trastorno depresivo y de ansiedad.
En audiencia oral, en la que se pretendía definir también el monto que se requiere para que las víctimas indirectas se sometan al tratamiento necesario, 2 peritos en psicología forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) expusieron las afectaciones que encontraron en la mamá, el papá y los 2 hermanos de la joven a unas semanas de la pérdida.
En el caso de Cristo Adán, fue ubicado en la etapa 3 de la valoración de afectaciones, en la que “se hace la rememoración del hecho, recuerda la pérdida y existe la intensidad de sentimientos”.
En el caso de Verónica, la mamá de Jessica, la perito consideró que su nivel de afectación la colocó en la Segunda Etapa, que le genera un trastorno depresivo y de ansiedad, ante la ira que la invade.
Otra perito en psicología forense, abordó la situación del papá y el otro hermano de Jessica, a los que ubicó en “una situación que afecta la vida diaria”,
En las entrevistas realizadas al señor Martínez González, la especialista detectó que dada la gravedad de las afectaciones, “no va a olvidar”, por lo que solo planteó la necesidad de someterlo a tratamiento, para que pueda entender lo que pasó, pero “nunca lo va a aceptar”.
Para Adrián, el hermano mayor de Jessica, el mayor daño psicológico se deriva de la pérdida de su hermana y “del hecho de vivir”, mientras la joven sufrió uno de los asesinatos más crueles.
Las peritos recomendaron que cada uno de los miembros de la familia se someta a un tratamiento psicológico urgente, que tendría una duración de entre 10 y 12 sesiones para cada uno.
De acuerdo a lo expuesto por las especialistas, el costo de cada una de las sesiones está calculado en 1 mil 324 pesos, ya que se toma en cuenta los montos autorizados en el Diario Oficial de la Federación en 2020 y 2021, cuando se aplicaron las evaluaciones, para quienes no están afiliados al IMSS.
Además, precisaron que deberán actualizarse los montos a la fecha en que se autorice el tratamiento psicológico.
Sin embargo, los defensores del acusado “regatearon” prácticamente este tema, pidieron primero que se aclare si la familia no tiene cobertura del Seguro Social, y luego cuestionaron el que deba actualizarse el monto al considerarlo muy alto, además de precisar que debe considerarse el monto que estaba vigente cuando ocurrió el crimen.
