Integrantes de la comunidad indígena de San Francisco Uricho, municipio de Erongarícuaro, exigieron la destitución de al menos 15 funcionarios municipales y Servidores de la Nación, al responsabilizarlos de los hechos violentos registrados este fin de semana, con la intención de interrumpir la consulta popular para el surgimiento del autogobierno y presupuesto directo.
La comunera de San Francisco Uricho, Ramona García, aseguró que se tienen las pruebas suficientes para comprobar que funcionarios federales y municipales, estuvieron involucrados en la quema de llantas, retiro de lonas, irrupciones a la jefatura de tenencia, y amenazas para que los habitantes se retiraran de la asamblea.
“Nosotros pedimos a las instancias de gobierno que garanticen que se realice la consulta en la Comunidad de Uricho, que se actúe legalmente en contra del sabotaje del que fue víctima la comunidad y el IEM por parte de funcionarios públicos, tenemos las pruebas de que hay Servidores de la Nación que estuvieron involucrados en la agresión de ayer, y la exigencia es que se les destituya”.
El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán, acusó públicamente al presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejos, de manejarse bajo un doble discurso, luego de que se ha manifestado respetuoso de la autonomía de los pueblos originarios, mientras que por el otro lado, ha amedrentado a los habitantes con una postura en contra, al recordar que interpuso al menos 17 recursos legales para impedir la autodeterminación de la comunidad de Jarácuaro.
En este sentido, anunció que en próximos días emprenderán una ruta social, política y jurídica por la violencia generada en la comunidad, con manifestaciones en el municipio, generando mesas de trabajo con autoridades estatales y federales, así como en su caso, recurrir a la vía legal.
“Queremos hacer una denuncia pública que el presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejo, continúa con un doble discurso y una doble moral, por un lado dice que no va a intervenir pero manda a sus empleados a boicotear la consulta y vamos a seguir una ruta social, política y jurídica”.
Informó que hasta el momento, se tienen presentadas dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lesiones contra los habitantes y si el edil pretende imponer a Prisciliano Vargas como nuevo jefe de Tenencia, violentando la Ley Orgánica Municipal, procederán legalmente en su contra.
