El Instituto Nacional Electoral ha estado sujeto a diferentes estrategias de debilitamiento: Descalificación desde el poder, Acoso a Servidores Electorales, Astringencia Presupuestal y Reforma Electoral Constitucional. Cuando lo que los políticos debieran hacer es honrar las reglas electorales que han pactado para generar condiciones de organización electoral imparcial y equidad en la competencia electoral.
Hemos llegado a un punto de que lo pactado en el orden constitucional, que durante varias generaciones de legisladores fue generando una exhaustiva normatividad constitucional; no es posible modificarla si no se alcanzan las dos terceras partes de votos de ambas cámaras, más la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
De manera que el intento de politizar la figura de quienes ocupen las consejerías del Consejo General del INE, mediante el voto popular a personas que se requieren más expertas que populares, así como su renovación total al mismo ritmo sexenal del Ejecutivo Federal, así como sujetar las candidaturas a las consejerías exclusivamente a las propuestas de los Poderes de la Unión; no alcanzó la votación requerida por la Constitución.
De la misma forma que no podrá ser el intento de convertir en temporal y auxiliar toda la estructura desconcentrada del INE, desparecer los OPLES y los Tribunales Electorales Locales. O bien dinamitar la existencia permanente de los partidos políticos, eliminando el financiamiento público ordinario y duplicando el de campañas. O el intento de convertir a todas las diputaciones federales y locales, así como a las senadurías en pluriestatales, desapareciendo la mayoría relativa. Entre otros muchos aspectos.
Como todo eso no se pudo, ahora la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la legislación secundaria con el propósito de debilitar al Instituto Nacional Electoral y a los Oples; legislando para reducir la parte más importante de la operación electoral, que se encuentra en las trincheras, en el contacto directo con la ciudadanía, que se realiza a través de las 32 Juntas locales Ejecutivas y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas. Todas ellas integradas por el Servicio Profesional Electoral Nacional, que representa la columna vertebral.
La compactación y eliminación de áreas, impacta en la profesionalización de las funcionarias y funcionarios encargados de las elecciones. Además, el Dictamen aprobado en la Cámara de Diputados no parte de algún estudio o análisis serio respecto a las cargas, los procesos y la viabilidad real de realizar dichos cambios organizacionales.
Se espera que en la Cámara de Senadores con altura de Estado, parta de un diagnóstico serio y un análisis detallado, tanto del funcionamiento actual del sistema electoral, como de las propuestas de reforma, junto con un proceso de diálogo entre los partidos, y no una aprobación apresurada, con dispensa de trámites y sin la adecuada deliberación.
El pronunciamiento del Senado de la República, para hacer una revisión cuidadosa de los 450 artículos reformados es una buena noticia.
Se trata de que las Juntas Locales Ejecutivas, que hay una en cada entidad federativa, ya no operen con 5 Vocalías, que son la Ejecutiva, la Secretarial, la de Organización Electoral, la del Registro Federal de Electores y la de Capacitación Electoral y Educación Cívica; para operar con solo 3 Vocalías: la Ejecutiva, la de Organización y Capacitación, y la del Registro Federal de Electores.
Esta idea que pareciera economizar, representa una complicación operativa, porque se elimina la figura de la Vocalía Secretarial en la que se concentran una cantidad de atribuciones como la administrativa, la de oficialía electoral, la de oficialía de partes, la de transparencia, la de archivo, la de apoyo a los trámites del servicio profesional electoral nacional, la de apoyo a la sustanciación de procedimientos sancionadores, entre otros.
Seguramente se considera que la Vocalía Ejecutiva que funge como coordinadora y supervisora de los esfuerzos de todas las áreas, así como contar con la representatividad ante diferentes autoridades, partidos, medios de comunicación y sociedad civil, entre otros, podría abarcar las funciones de la vocalía secretarial, pero puede llegar a debilitar al órgano precisamente en funciones tan delicadas como lo contencioso.
También la fusión de las Vocalías de Organización Electoral y de Capacitación Electoral en una sola figura, puede desbordar la cantidad de asuntos que se presentan aún fuera de los procesos electorales, como si la logística electoral y la educación electoral, fuera posible realizarlos por una sola figura.
Pero si esto que sucede en el ámbito de las 32 Juntas Distritales Ejecutivas, más grave lo es en las 300 Juntas Distritales Ejecutivas donde dice la iniciativa que se convierten en temporales, pero luego dice que son 300, pero que fuera de procesos electorales se convierten en aproximadamente 260, es decir, sí pero no.
Además, esas Juntas Distritales que hoy cuentan también cada una con 5 vocalías, al igual que las Juntas Locales, se propone que solo tenga una sola Vocalía Operativa, de manera que debilita total y absolutamente la capacidad del Instituto Nacional Electoral de organizar elecciones.
La planeación de la logística electoral, así como la conservación de los materiales electorales que reducen significativamente costos en los procesos electorales, tendrían un problema mayúsculo; así como la posibilidad de sustanciar procedimientos sancionadores. Es dejar libre el espacio sin ningún control suficiente.
La propia iniciativa señala que dichas oficinas auxiliares distritales, podrán ser menos de 300 atendiendo un criterio municipal y de conurbación, es decir, en una Ciudad como Morelia, que tiene 2 distritos electorales federales, podría solo haber una oficina fuera de procesos electorales.
Además, dichas oficinas auxiliares distritales tendría un secretario y un vocal de organización y capacitación solo en proceso electoral, lo que desprofesionaliza estas nodales funciones, que las volvería vulnerables de la infiltración de diversos intereses.
Además una severa lesión es la desaparición de la figura de las Vocalías del Registro Federal de Electores, distritales lo que complica los tramos de supervisión para proporcionar el servicio registral a la ciudadanía, así como la complicación en la integración de diferentes procedimientos que integran la elaboración de la credencial para votar, como la cartografía que ubica en un ámbito geográfico a la ciudadanía para facilitar el ejercicio de su voto, así como los procedimientos de depuración, entre otros.
Pero esta pretensión de reducir la estructura desconcentrada del INE, tiene también su reflejo en los OPLES, a quienes les prohíbe que cuenten con estructura municipal o distrital permanente como ocurre en algunos. Pero además los limita a contar con una estructura máxima de dos áreas: Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica y Administración, Prerrogativas y Asuntos Jurídicos.
