Por segunda ocasión en sólo 15 días, la presidenta municipal de Aguililla, María de Jesús Montes Mendoza, presentó al Congreso local la petición para revocación de mandato, así como solicitud de juicio político contra la síndica y los 7 regidores, por cometer actos y acciones que consideró ilegales e inconstitucionales.
En el caso del juicio no se hicieron públicos los detalles de la petición, solo que fue ratificada el 10 de noviembre, fecha en que fue presentada y por lo cual, se dará trámite ante el pleno legislativo en la sesión de este miércoles.
La denuncia fue presentada contra la síndica Elsa Guadalupe Conteras Sánchez y los regidores: Nelida González Barragán, Eduardo García Barragán, Edith Yessenia Cruz García, Jorge Argüello García , Alicia Mendoza Salgado, Jesús Gaytán Vera y Tomás Guzmán Nolasco.
Montes Mendoza había entregado a la mesa directiva del Congreso de Michoacán una primera solicitud de revocación de mandato contra dichos funcionarios el pasado 26 de octubre, pero no la ratificó, por lo que se presentó una nueva petición el pasado 10 de noviembre.
En el documento, solicita la suspensión o revocación de mandato contra la síndica y los regidores por considerar que “han incurrido en reiteradas fallas” a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso local.
En el escrito explica que anexa actas originales de sesiones de Cabildo, con las que comprueba que “las autoridades municipales denunciadas han dejado de asistir a más de 6 sesiones ordinarias y extraordinarias en un lapso de 60 días naturales”, sin justificación.
La alcaldesa explica que realizar las sesiones “eran de vital importancia”, luego de que el 15 de septiembre fueron “hackeadas” las cuentes bancarias municipales, de las que sustrajeron 2 millones 997 mil pesos, pero fue informada hasta el día siguiente a las 12:00 horas.
Señaló que tras denunciar vía telefónica lo ocurrido al Fiscal Adrián López Solís, se les solicitó toda la información de las cuentas para rastrear los retiros y congelar las cuentas, pero se les proporcionó hasta 5 días después, por lo que tomó la decisión de despedir al tesorero, pero la síndica y regidores se niegan a aprobar su propuesta.
En la solicitud de revocación de mandato, también argumenta que la síndica enfrenta una denuncia penal por el delito de Falsificación o Alteración, Uso Indebido de Documentos y Usurpación de Identidad cometido en su agravio.
