Discriminación en bancos, hospitales y escuelas, negligencias médicas, así como falta de inclusión son las principales problemáticas que viven diariamente las personas con discapacidad auditiva en la capital michoacana, cuyo único medio para comunicarse es la Lengua de Señas Mexicana o la escritura.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró en 2022 alrededor de 6 mil personas sordas en Morelia, cifra que se eleva a las 2 millones 300 mil personas en todo el país, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal.
Luis es profesor de Educación Física en una escuela para sordos en el municipio, cuenta que la principal barrera en su día a día es la comunicación con los hablantes, al grado de que un familiar quiso abusar de su confianza al intentar robarle una propiedad, pero gracias a la intervención de un intérprete de señas pudo salvar su patrimonio.
Explicó que en México ya hubo casos como el de una persona sorda que falleció por negligencia al aplicarle una cirugía que no le correspondía.
“La verdad es que la principal barrera es el tema de la comunicación. Por ejemplo, nos han pasado muchas cosas. Yo sufrí un problema familiar en el que quisieron abusar de mi confianza, un familiar quiso robarme una propiedad. Gracias al intérprete fue que me enteré”.
Ir a la tienda y pedir algún producto; asistir a la farmacia; comprar el gas o pedir ayuda a un vecino por una emergencia resulta muy complicado para un hablante de señas, señaló Yunuén Rangel Ramírez, quien se ha sentido discriminada en lugares que van desde los hospitales hasta en las juntas en la escuela de sus hijos.
“Por ejemplo yo a veces no me puedo comunicar, es muy difícil. A veces me ayuda mi vecina a hablar o a traer el gas, es un problema traer el gas ¿cómo? Hay muchas cosas, muchas dificultades. En el hospital mi hijo ha estado enfermo. Yo me he sentido muy discriminada porque a veces no hallo la forma de comunicarme”.
El costo de servicio de interpretación de la Legua de Señas Mexicana tiene un costo que oscila entre 500 a 2 mil pesos, lo que provoca que muchas personas no acudan a este servicio, expuso el intérprete. Luis Fernando Torres Vega.
Refirió que también se necesita cambiar la mentalidad de los políticos para que paguen el trabajo de los traductores y se vea como un tema necesario en los Derechos Humanos.
“Yo sé que muchos de los sordos, a lo mejor por pena u otra circunstancia no se acercan a nosotros como intérpretes o porque requieren un servicio de interpretación que no pueden pagar ellos. (…) Principalmente se necesita cambiar la mentalidad de los políticos y que no lo vean como un tema de caridad, sino como un tema de derechos humanos que se necesita”.
Todos los entrevistados coincidieron en la necesidad de ser incluidos en la sociedad y que se establezcan medidas que les faciliten la comunicación con los hablantes cuando requieran un servicio.
