El grave control que grupos criminales tienen sobre la cosecha y venta de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán, documentada tras el, más grave aún, hackeo a los archivos confidenciales del Ejército, no es de ahora. Desde hace una década, los cárteles ya ejercían ese dominio imponiendo la ley del fuego.
Ya desde el 2013 se tenía conocimiento de ese control. Para entonces, los criminales ya incendiaban empacadoras en Buenavista Tomatlán y amenazaban a otras que se ubican en Apatzingán, si recibían cosechas no autorizadas por el cártel hegemónico de esa época: Los Caballeros Templarios – antes Familia Michoacana -.
En su desesperación, el 10 de abril de ese 2013, un grupo de jornaleros de Buenavista osó romper el silencio y clamar ayuda ante un gobierno estatal que se encontraba rebasado y grave, muy gravemente infiltrado, en sus más altas esferas, por el crimen organizado.
Ese día, Jesús Reyna, secretario de Gobierno, había encabezado un evento público en el cruce conocido como Cuatro Caminos, a unos cuantos kilómetros de Apatzingán, y dialogó con la comitiva de cortadores del limón, quienes fueron enviados de regreso a Buenavista escoltados por la Policía Federal. De ese tamaño era el miedo. De ese tamaño era el asedio de los criminales.
Aún escoltados, el convoy de trabajadores agrícolas fue atacado a balazos con armas de alto poder, a la altura del puente Coróndiro. Los sicarios utilizaron hasta fusiles Barret, calibre .50, cuyo alcance de disparo puede penetrar objetivos blindados a 1.5 kilómetros de distancia.
El saldo de ese ataque fue de 10 cortadores de limón muertos. Varios de los cuerpos quedaron tirados en la batea de una camioneta de redilas y, días después, Reyna confirmó que estos le habían confesado las presiones que padecían a manos del crimen organizado. “Me plantearon el problema de que no podían sacar su cosecha (…) que los empaques de Buenavista están amenazados”, narró el entonces funcionario.
Desde entonces, el acecho de los criminales ha amargado la vida a los productores de limón y, por momentos, provocado escasez del cítrico en el mercado nacional, donde Buenavista y Apatzingán son líderes en producción, por encima de Colima.
Ha pasado casi una década y la situación no parece haber cambiado mucho. El hackeo a los sistemas informativos del Ejército, por parte del grupo Guacamaya, exhibió la semana pasada cómo los criminales llegan a obtener ganancias que van de 60 y hasta 570 mil pesos diarios por el cobro de cuotas con la venta del limón.
Un jefe criminal es quien acapara la compra de limón, variando el pago del producto entre 4.10 y 4.20 pesos, según se detalla en uno de los reportes internos intervenido a la milicia y que dio a conocer Latinus. Dicho reporte militar fue clasificado en el apartado de “Enriquecimiento ilícito a través del cobro de cuotas a productores de limón”.
Y todo ocurre, todo transita, todo fluye, con pleno conocimiento del Ejército.
Cintillo
Conforme se acorta el plazo, los partidos comienzan a depurar sus cartas para competir en las elecciones del 2024. Y en la pista de la disputa por el Senado, dos panistas me contaron que la apuesta del albiazul podría ser con Carlos Soto. Sí, el alcalde de Zamora, el municipio que ha sido bastión histórico del PAN.
