Tras presentar denuncia ante la Fiscalía General del estado y reunirse con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña el 22 de septiembre, sin tener respuesta todavía, regidoras y síndica de Penjamillo acudieron a solicitar medidas cautelares de protección con carácter de urgencia al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a los coordinadores parlamentarios y a la presidenta del Congreso del estado, sin tener respuesta.
Todos los oficios fueron entregados el 7 de octubre, el primero dirigido al mandatario michoacano, a quien explicaron que la problemática que se ha registrado en el municipio pone en riesgo su vida y las de sus familias, por lo que relataron las amenazas e intimidación de que fueron víctimas por hombres desconocidos que acudieron a sus hogares para obligarlas a no contradecir y votar a favor de lo que señala la presidenta municipal sustituta.
“En esta ocasión no solo fueron amenazas verbales sino físicas, no solo en contra de dos de las suscritas, sino contra nuestra familia, fuimos víctimas de los delitos de lesiones, robo, amenazas, allanamiento de morada y violencia ocasionada por servidores públicos”, señalan en el documento.
Explicaron al gobernador que la situación se derivó de su intento de denunciar las irregularidades que se registran en el ayuntamiento y ahora se ven imposibilitadas para regresar al municipio, por lo que le informaron que solicitarán licencia al cargo por tiempo indefinido y urgieron a su intervención.
“Para que en este proceso de transición que se viene se garantice la seguridad de nuestras familias y sobre todo del pueblo de Penjamillo”.
De manera específica, en el oficio le pidieron que medidas cautelares y de protección se apliquen de manera urgente; que haga un llamado a la Fiscalía estatal para que los hechos delictivos no queden impunes y le solicitaron apoyo de los fondos de asistencia para víctimas del delito, ante la falta de dinero suficiente para estar en un espacio seguro.
En términos similares dirigieron también un oficio a la presidenta de la mesa directiva, Julieta García Zepeda, a quien además le solicitaron su intervención para que someta al ayuntamiento a un procedimiento de fiscalización.
En respuesta, la legisladora sí turnó un oficio a la coordinación de la Guardia Nacional en Michoacán, en la que le solicitó su colaboración para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal pudiera brindar medidas de seguridad a las regidoras y síndica.
En respuesta, el área federal aclaró no ser competente para prestar el auxilio y pidió a la legisladora remitirse a la Comandancia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.
Oficios con peticiones prácticamente iguales entregaron las funcionarias municipales en las oficinas de los presidentes de las comisiones Inspectora, Guillermina Ríos Torres; de Presupuesto, Marco Polo Aguirre Chávez y de la comisión de Fortalecimiento Municipal, Gloria del Carmen Tapia Reyes.
De igual forma, a los coordinadores parlamentarios del PRD, Víctor Manuel Manríquez González; del PRI, Jesús Hernández Peña; del Partido Encuentro Solidario (PES), Luz María García García; del PAN, Mónica Lariza Pérez Campos; del PT, Reyes Galindo Pedraza; de Morena, Anabet Franco Carrizales y del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar.
Vía telefónica, las regidoras explicaron que hasta el medio día de este 11 de octubre, no han tenido respuesta de ninguna autoridad, al considerar que para los gobiernos en turno es más importante “un golpe político” que brindar protección.
“Nadie nos ha buscado nadie se ha puesto en contacto con nosotros, las autoridades siguen ajenas e indiferentes a esta necesidad, pareciera que es más importante un golpe político que la vida de 5 familias que estamos en riesgo”.
Reiteraron su llamado urgente “a todas las dependencias que tienen el poder para accionar y actuar”, al considerar lamentable “que el pueblo de Penjamillo siga invisible a las autoridades”
