La información relacionada con el número de elementos en función operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, salario que perciben y si están certificados, fue decretada como reservada por el gobierno de Michoacán y en consecuencia no se incluyó en el Censo Nacional de Seguridad que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que los ciudadanos no pueden conocerla.
En la información que recopiló el INEGI entre abril y junio de este año, se precisa que durante 2021 en Michoacán se tiene un registro de 1 mil 414 elementos adscritos a instituciones de seguridad pública estatales.
Sin embargo, en lo relacionado al número de elementos de seguridad por cada mil habitantes se aclara que no se incluye lo relacionado con Michoacán, “debido a que la información sobre personal operativo se considera de carácter reservado.”
En el caso del estado de Morelos no contó con datos o elementos para responder sobre el tema.
Sin contar a Michoacán, a nivel nacional, de los 174 mil 536 policías estatales, “al cierre de 2021, 90 425 elementos realizaron funciones de proximidad social, 64 424 de prevención, 15 582 de reacción y 4 105 de investigación.”
En el Censo Nacional, también se precisa que no se proporciona la información sobre el personal de Michoacán que tiene Certificado Único Policial vigente, ya que se consideró reservada.
Tampoco se incluyó la Ciudad de México, Chihuahua y Coahuila de Zaragoza, debido a que las instituciones de seguridad pública no contaron con datos o elementos para responder sobre el tema.
En el informe tampoco incluyeron quejas ciudadanas presentadas en las instituciones de seguridad de Michoacán, “debido a que no contaron con datos o elementos para responder, o bien, no contaron con mecanismos para la recepción de quejas ciudadanas”.
En el resto del país, se sancionó a 14 mil 810 servidoras y servidores públicos. De estos, 85.4 % eran hombres y 14.6 %, mujeres. Además, 451 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público por la comisión de algún presunto delito realizado en el ejercicio de sus funciones.
El número de servidores públicos sancionados y denunciados aumentaron 29.7 y 23.9 % en relación al 2020.
