El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), propuso al Congreso de Michoacán homologar las penas en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, incorporar como agravante de feminicidio que se cometa contra menores, y tipificar el delito de reclutamiento forzado, como parte de la agenda del segundo año de trabajo de la LXXV Legislatura local.
La Representante Adjunta del organismo internacional en México, Pressia Arifin Cabo, encabezó la firma del primer convenio de colaboración de la UNICEF con un Poder Legislativo estatal, al que comprometió aportar análisis y observaciones “con neutralidad” de las iniciativas que se hagan sobre este tema.
Ante ello, propuso también la aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno y llamó a que se fortalezca el presupuesto destinado al bienestar de niños y adolescentes, al recordar que representan el 30% de la población michoacana.
“Nos gustaría promover el fortalecimiento del presupuesto, para niñas, niños y adolescentes, como sabemos todos, los niños y adolescentes son el 30% de la población y merecen una buena parte del presupuesto para su bienestar, no solo porque es una parte importante de la población sino porque es el futuro del estado, el futuro del país”.
A nombre del Congreso del estado, la presidenta de la mesa directiva y de la comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, Adriana Hernández Íñiguez, afirmó que existe el compromiso de los legisladores michoacanos para reformar los marcos jurídicos necesarios para garantizar los derechos de los infantes, pero también para impulsar las políticas públicas de atención.
“Reflejan el compromiso de este Congreso y sus integrantes, por dotar a las infancias y las adolescencias michoacanas, no solamente de un marco jurídico que les garantice la totalidad de sus derechos humanos, sino que, además, estos mandatos puedan traducirse en acciones concretas que generen políticas públicas aterrizadas con la realidad que viven estos grupos poblacionales”.
De acuerdo a la Representante de la UNICEF, el trabajo que se realizará con la Legislatura local, servirá como un modelo para trabajar con “otros estados” y lograr que se cumplan los derechos de la niñez.
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