Las niñas y los niños son las mayores víctimas del desplazamiento forzado, fenómeno que se ahonda en todo el territorio nacional debido a la crisis de inseguridad que se vive, condenó la diputada Julieta Gallardo Mora, presidenta Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición Forzada de Personas y los Desplazamientos Forzados, de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, apuntó que a UNICEF ha señalado que las causales del desplazamiento forzado y el evento de desplazamiento mismo violentan, de tajo, prácticamente todos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
“Los menores ven afectados de forma profunda derechos como la protección de la salud y a la educación, la seguridad jurídica y debido proceso, la participación, vivir en condiciones de bienestar y al sano desarrollo integral, así como el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal”.
En el caso de Michoacán, la diputada por el Distrito de Puruándiro refirió que el fenómeno del desplazamiento forzado en las infancias ha sido poco estudiado y diagnosticado, pese a que la movilidad forzada de personas por motivos de inseguridad ha ido al alza.
La también integrante de la Representación Parlamentaria añadió que las vulneraciones a los infantes víctimas de desplazamiento forzado pueden provenir de la familia, con perpetradores que los exponen a niveles de violencia extrema; del Estado, con las deficiencias expuestas en la impartición de justicia y las omisiones en su atención antes y durante el desplazamiento; y de las instituciones u organismos con los que las infancias desplazados llegan a estar en contacto.
“Autoridades y representantes populares debemos poner manos en al asunto para, desde nuestras respectivas competencias, atender este fenómeno que se vuelve un flagelo profundo para el desarrollo de niñas y niños, atentando al interés superior de la niñez”.
Julieta Gallardo recordó que las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, por lo que el principio del interés superior de la niñez debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
