El acoso a nuestros niños debe ser visibilizado y castigado y más cuando es por razones de homofobia, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este jueves una iniciativa para reformar el Código Civil para el Estado, para que el acoso o bullying escolar por razones homofóbicas, sea castigado mediante reparación de daño con una indemnización económica.
“Ya no deben ser permitidas las agresiones ni siquiera las disfrazadas de chistes homofóbicos, no estamos más en esa sociedad discriminadora y acosadora”.
La legisladora integrante de la Representación Parlamentario apuntó que esta reforma obligará a los padres a tener mucho más cuidado en la educación y formación de sus hijos, a los maestros y directivos a no esperar que siga sucediendo la impunidad que hasta ahora prevalece en los casos que se denuncian, y que toda la sociedad tome conciencia de que este fenómeno no es un chiste ni algo que se pueda seguir soslayando.
“La reforma al Código Civil obligará a pagar una indemnización en dinero a quienes están cuidando al que cometa el bullying en contra de otros menores, y en el caso de que sean infractores imputables, se procederá a lo conducente según el Código Penal”.
Julieta Gallardo subrayó que el acoso escolar es, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo acto u omisión que agrede física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño, o adolescente y que ocurre en las instituciones escolares.
“Según algunas estimaciones, en México siete de cada 10 niños sufren diariamente algún tipo de acoso escolar y de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados, algunas de las consecuencias son la soledad, el aislamiento, la depresión e, incluso, el suicidio”.
Asimismo recalcó que esta reforma va encaminada a fortalecer el marco legal para que nuestras niñas y niños vivan una infancia y adolescencia como la que merecen “y que les hemos negado incluso desde el mismo marco legal que no se ha actualizado al nivel de las circunstancias, de la realidad que padecen millones de jóvenes”.
