Tras obtener respuesta únicamente de los ayuntamientos de Tarímbaro y Tzintizutnzan, el Congreso de Michoacán aplicó “la afirmativa ficta” para el resto de los gobiernos municipales, y realizó la declaratoria formal con la que se considera aprobada la reforma constitucional, por la que se incrementó de 50 a 60 años, la pena máxima privativa de la libertad en el estado.
En la sesión plenaria de este jueves, se dio a conocer que una vez transcurrido un mes desde que se envió la iniciativa de modificación al artículo 94 de la Constitución del estado a los gobiernos municipales, se recibió únicamente respuesta de 2 ayuntamientos, por lo que se considera aprobada por las 111 autoridades restantes.
En consecuencia, la iniciativa se envió al Ejecutivo estatal para que la publique en el Periódico Oficial del Estado, ya que “no podrá hacer observaciones”.
La propuesta fue aprobada previamente el 11 de mayo por el pleno legislativo, que estableció como pena máxima privativa de libertad la de 60 años desde la Constitución del Estado, para homologar dicho precepto también en el Código Penal de Michoacán.
