“Aquellos que pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades”. Voltaire. (1694 – 1778) Escritor, filósofo y abogado francés.
Nadie en su sano juicio puede celebrar que los políticos, independientemente de su color partidista, violenten los marcos legales del país. No justifica que lo hagan, porque los anteriores también lo hicieron o robaron más.
Hoy está claro que el partido en el poder federal intentará lo que esté a su alcance, violentando leyes e instituciones, para ganar las elecciones en el 2024.
No se puede ignorar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, varios integrantes de su fiel y sumiso gabinete, así como gobernadores emanados de su partido político se han dedicado a violentar marcos legales que ellos mismos exigieron y aprobaron.
Lo hicieron durante la fallida consulta de Revocación de Mandato, durante procesos electorales del presente año y realizaron evidentes actos anticipados de campaña en el Estado de México y Coahuila.
Hay que ser extraordinariamente ingenuo para creerle a López Obrador, Mario Delgado o cualquier otro morenista, que los eventos partidistas referidos no llevan una intención netamente proselitista, propagandista y seguramente con uso de dinero público.
Por eso es de celebrar que de manera unánime la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) “estimó procedente el dictado de medidas cautelares, tanto por la propaganda difundida en redes sociales como en la vertiente de tutela preventiva, por considerar que existe un riesgo en que este tipo de actos, presumiblemente ilícitos en tanto evidencian una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado, vuelvan a repetirse en el futuro inmediato”.
En concreto, les pide que dejen de andar de matraqueros electorales en evidentes actos anticipados y por lo tanto ilegales, de campaña proselitista.
El llamado del INE a que respeten la ley y eviten “afectar las condiciones de equidad de la competencia electoral” está dirigido a 30 personajes de Morena donde destacan López Obrador, sus corcholatas presidenciales que ya viven en campaña proselitista y gobernadores como el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Seguramente varios de ellos se tirarán al piso, llorarán argumentando, como ya lo han hecho priistas, panistas y perredistas en el pasado, que están a salvo sus derechos ciudadanos, políticos y de organización, que no son actos anticipados de campaña y un largo etcétera.
Lo cierto es que las leyes con las que se les sanciona están vigentes y tendrían que respetarlas, porque para colmo, su gurú y actual inquilino de palacio nacional, así las exigió, impulsó y con el voto de sus seguidores se aprobaron.
Si ya no les gusta, que intenten reformarlas. Pero lo que no debe ser, es que los ciudadanos defiendan lo indefendible, por sentirse afines al partido en el poder o al dueño de ese partido, no deberían pecar de ingenuos.
Tampoco se trata de defender a los hoy opositores, se trata de exigirles a todos que cumplan las leyes vigentes, que esperen los tiempos para hacer proselitismo, que dejen de robarse el dinero público y que le dediquen más tiempo a gobernar e intentar dar mejores resultados.
Post Data.
La Septuagésima Quinta legislatura de Michoacán no ha dado trámite a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por difundir propaganda gubernamental en tiempos prohibidos, en el marco de la Consulta de Revocación de Mandato, que recibieron desde el pasado mayo.
Veremos si en los próximos días los legisladores michoacanos le dan trámite en sesión del pleno u optan por el desacato para someterse al Ejecutivo estatal.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias. [email protected]
