En busca de garantizar los derechos alimentarios y afectivos del 30% de los infantes que están abandonados en Michoacán, donde se calcula que 400 mil madres son autónomas, activistas en coordinación con la Secretaría estatal de la Mujer, impulsarán la propuesta de Ley Sabina en el estado.
La impulsora de la iniciativa, Diana luz Vázquez Rubio informó que Michoacán será el tercer estado del país donde se presentará esta propuesta, integrada por 40 reformas a diversos marcos jurídicos en el ámbito civil y penal, pero será el primero donde se espera sea impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Por ello, se le entregó el documento como parte del Congreso Nacional por los derechos de las Mujeres, las Infancias y Adolescencia contra las Violencias Alimentarias, que se realizó este miércoles en Morelia.
“Queremos ver a estos señores legislando a favor justo de las infancias que tanto han mencionado y de este derecho a la vida, cuando hay en este país más del 40% de infancias abandonadas, el 40% de las infancias están abandonadas, la paternidad no se hace presente, no se hacen responsables en lo económico y en lo afectivo, y en Michoacán, un porcentaje más o menos de 30% de las madres, es decir, casi 400 mil mujeres, ejercen una maternidad autónoma”.
La secretaria de Igualdad y Desarrollo Sustantivo de las Mujeres (SEIMUJER), Tamara Alanís Sosa, informó que tan sólo durante este año han atendido a 432 michoacanas víctimas de este problema, 169 en demanda de pensión y 138 contra deudores alimentarios.
“Tenemos que hacer visible que el Estado tiene que atender, como instituciones venimos a eso, venimos a transformar la situación de las mujeres, ese es nuestro papel en la Secretaría y es uno de los temas prioritarios que queremos impulsar, esto nos habla de la desigualdad que vivimos en el país entre hombres y mujeres.
La Ley Sabina busca la creación de un padrón estatal de deudores alimentarios, pero además establecer candados para que en el caso de las mujeres que promueven un juicio por una pensión para sus hijos, no se permita que el deudor pueda presentar una demanda de patria potestad o custodia.
La iniciativa considera modificaciones a por lo menos 10 leyes y Códigos, entre ellos el Penal, Familiar y Civil del Estado.
Entre ellas, se propone que la integración del padrón de deudores alimentarios sea una responsabilidad del propio Registro Civil; se considera como como requisito para tener algún cargo en la administración pública no ser deudor alimentario y no estar inscritos en ningún padrón de violencia de género y alimentaria, no haber sido sentenciado por violencia política contra las mujeres por razones de género, entre otras.
