Con un amago hacia la autoridad, los trabajadores de la educación del grupo disidente “Poder de Base” se situaron este jueves a un costado de las vías férreas de la colonia Tres Puentes, en Morelia, donde el secretario general de este movimiento, Benjamín Hernández Gutiérrez, sentenció que no desistirán del plantón ni de sus demandas, pese a la apuesta del gobierno estatal de esperar al hartazgo.
Al llevar a cabo una rueda de prensa en este sitio, el líder sindical señaló que esta acción es para llamar la atención de las autoridades y encontrar la solución al pago de 1 mil 200 eventuales, pero como respuesta obtuvieron la presencia de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP).
“Es para ver si es a través de esto llamar la atención a los niveles de gobierno y que le pongan interés como magisterio. No nos vamos a doblegar, no nos vamos a retirar de las mesas de trabajo nuestras demandas, vamos a seguir insistiendo”.
Aunque no tomaron las vías del ferrocarril, no descartó que en días posteriores continúen con nuevas protestas de cualquier escala, lo que condicionó a la respuesta de las autoridades a sus demandas.
“Nada está descartado todo es posible, dependerá de lo que tengamos por parte del gobierno del estado y federal y de lo que los compañeros determinen”.
Este jueves, Hernández Gutiérrez pidió al gobierno negociar, revisar eventual por eventual y descongelar las claves de plazas estatales, aun cuando existe el discurso de nombrar como irregular e inexistente a estas problemáticas por el propio gobernador y la secretaria de Educación.
“Esto es lo que el hemos pedido al gobierno federal y estatal, que nos sentemos a revisar esta problemática. Se dice que la mayoría de los eventuales son irregulares. Los retamos a que revisemos caso por caso. Insisto. Y no nos vamos a cerrar en el sentir de que “a todos”, si hay una irregularidad, no se puede contratar”.
Tras 18 días apostados en el plantón y sin ninguna muestra de atender la falta de pago que se agudiza entre los eventuales, insistió que el gobierno estatal debe tener “la sensibilidad mínima de revisión”, sin compromisos, pero sí con el afán de dar claridad y certeza a los trabajadores de la educación.
