Amparada con un poder notarial que tenía como uso exclusivo la representación del Congreso de Michoacán en “pleitos y cobranzas”, María Isabel Ceja Linares firmó el 30 de diciembre del 2021 un contrato con José Alfredo Aburto Gaitán, como proveedor de servicios de la empresa “E5 SOFTWARE”, para implementar un sistema conocido como “PRO-GRP”, que garantizaría las herramientas para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El costo de los servicios fue de 5 millones 590 mil pesos, ya incluido el IVA, recurso que garantizaría 40 licencias y/o usuarios para utilizar el software, manual y capacitación inicial al personal designado por el Congreso local.
En el documento, se pactó que el pago total de los recursos se haría al día siguiente de la firma del contrato, es decir, el 31 de diciembre.
Los recursos también garantizarían el servicio del soporte técnico y mantenimiento sin costo durante 2 años, pero luego de este periodo, las actualizaciones tendrían un costo anual de 390 mil pesos.
De acuerdo al contrato, la implementación del software PROGRP debía realizarse a más tardar en abril del 2022, a fin de que en mayo se iniciaran operaciones con todos y cada uno de los módulos pactados.
Se precisa que en caso de que el proveedor requiera más tiempo para el inicio de operaciones, tendría que acordarlo previo con el cliente y por causa justificada, puede ampliarse, pero “en caso de no entregar los servicios en la forma y términos acordados “el proveedor” será el responsable de los daños y perjuicios.
De igual forma, se advierte que en caso de que el Congreso decida rescindir el contrato, deberá indemnizar al proveedor con un monto similar al ya pagado, es decir, 5 millones 900 mil pesos.
Sin embargo, a prácticamente 6 meses de la firma y del pago de los recursos, el software no se encuentra en operación y ningún diputado ha reconocido haber autorizado tal compra.
De hecho, apenas el 31 de mayo, la secretaria de Finanzas del Congreso, Rocío Pineda Gochi, solicitó por escrito al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Fidel Calderón Torreblanca autorización para ampliar 3 meses el plazo para la entrega de los trabajos contratados.
Estudio pone en evidencia presuntas anomalías
Ante la incertidumbre que existe por los términos en los que firmó el contrato, una de las integrantes del Comité de Administración, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Margarita López Pérez expuso a la JUCOPO, los resultados de un estudio que realizó al documento y en el que detectó unas serie de presuntas anomalías, de las que exigió respuesta a la titular de Finanzas, Rocío Pineda Gochi.
En primer término, precisó que las firmas por las que se formalizó la adquisición, que corresponden a Enrique Martínez López, Carmen Alicia Terrero Hueramo y Yair Omar Ramírez García, no coinciden con las de sus credenciales de elector, “por lo que existe una duda razonable” de si participaron en la elaboración del contrato, así como que las firmas sean de sus puños y letras.
Ante ello, pidió se realicen las gestiones necesarias para que se realice una prueba pericial en grafoscopía a fin de constatar dicha información.
Señaló que el proveedor presta servicio como persona física, cuando debió hacerlo como persona moral, además de que proporcionó un domicilio fiscal que no corresponde con el de la empresa “E5 SOFTWARE”, de la que presuntamente es representante legal, José Alfredo Aburto Gaitán.
Exigió una explicación de los motivos por los que María Isabel Ceja Linares formalizó el contrato y no el entonces secretario de Finanzas, ya que el Poder General para Pleitos y Cobranza no le da atribución legal para dicho trámite.
La legisladora demandó también “un informe pormenorizado” de los motivos por los que no se cumplió con lo establecido en el contrato; si va a iniciar o ya inició su recisión, solicitando la devolución del dinero que se pagó, al igual que los daños y perjuicios ocasionados al Congreso.
También pidió se le informe los motivos “de la prisa” para pagar un día después de la firma del contrato, así como la forma de pago, es decir, “si fue en cheque o mediante transferencia bancaria”, además de copia de los documentos que autorizan el pago y a nombre de quien se hizo.
