La presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez presentó iniciativa de reforma al Código Penal del estado para endurecer las penas a quienes cometen delitos contra los comunicadores o buscan afectar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta.
La legisladora explicó que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) respaldará la iniciativa que retoma las propuestas que planteó semanas atrás el colectivo de periodistas “Ni Uno Más”, para asegurar su rápida dictaminación, así como su discusión en el pleno.
Precisó que se plantea derogar los artículos relacionados con los ataques al honor y a la imagen, que fueron erradicados a nivel federal desde 2007, pero también establecer que los homicidios y lesiones tendrán carácter de calificado cuando se cometan en agravio de periodistas, de sus cónyuges o de sus parientes hasta en cuarto grado.
“La defensa de los comunicadores no se agota en la derogación de aquellas hipótesis normativas que puedan interferir con su trabajo, sino que deben trascender hacia la represión legal de aquellas conductas dirigidas a menoscabar las libertadas de imprenta y expresión, sobre todo cuando éstas vienen dirigidas desde el poder público”.
Se contempla aumentar un tercio las penas cuando el delito de amenaza se cometa en perjuicio de un periodista o defensor de los derechos humanos; agregar como tipo penal el desplazamiento forzado interno y aumentar el castigo una mitad cuando se cometa contra menores de edad, adultos mayores, personas con alguna discapacidad física o mental, o periodistas.
Se propone también incluir el catálogo de delitos contra la libertad de expresión e incluir a los periodistas y defensores de derechos humanos en la Junta de Gobierno del Sistema Estatal en la materia.
“También se pone sobre la mesa la posibilidad de que la Junta de Gobierno invite a todas sus sesiones, con derecho a voz, pero sin voto, a 2 personas representantes del gremio periodístico y a 2 defensoras de los derechos humanos, independientes de aquellas que sean miembros permanentes (…). Tales representantes también serán elegidos mediante convocatoria pública.”
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos para su dictaminación y análisis.
