Con el reto de disminuir los índices delictivos del estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se preseleccionaron 42 municipios michoacanos y 8 instancias de seguridad pública que se busca, accedan a los cerca de 632 millones de pesos que calcula aportar al programa FORTAPAZ en 2022.
Explicó que el monto se calculó de acuerdo a la recaudación del Impuesto a la Nómina que logró en 2021, cuando ascendió a 1 mil 840 millones de pesos, ya que debe representar el 33% del total, pero explicó que los 113 municipios recibirán apoyo.
El mandatario estatal informó que a lo largo de este martes se publicarán las reglas de operación del programa en el Periódico Oficial del Estado, pero adelantó que se tomará en cuenta la afluencia turística, que su incidencia delictiva sea mayor o igual al promedio estatal el año pasado, también los municipios conurbados y la proximidad a los municipios con mayor violencia.
Los municipios deben tener una población mayor a 30 mil habitantes o en el caso de los pueblos mágicos más de 13 mil, pero de inicio fueron preseleccionados los 10 que concentran el 70% de la tasa delictiva:
Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tarímbaro, Zitácuaro, Hidalgo, Apatzingán y La Piedad.
Los otros 32 municipios preseleccionados son:
Álvaro Obregón, Ario, Buenavista, Charo, Chilchota, Coalcomán, Contepec, Cuitzeo, Hidalgo, Huetamo, Jacona, Jiquilpan, La Huacana, Los Reyes, Maravatío, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Paracho, Puruándiro, Sahuayo, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tepalcatepec, Tlalpujahua, Tuxpan, Yurécuaro, Zinapécuaro, Ziracuaretiro.
También fueron preseleccionadas 8 instancias, que pudieran recibir recursos si presentan proyectos y son aprobados:
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Coordinación del Sistema Penitenciario, Fiscalía General del estado, Instituto de Estudios Superiores en Seguridad, Policía Auxiliar, Secretaría de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Unidad de Inteligencia Patrimonial del estado.
Los recursos deben destinarse a programas y acciones de infraestructura y equipamiento en materia de seguridad, profesionalización, certificación, capacitación de los elementos policiacos, prevención del delito y de las adicciones.