Alrededor de 6 trabajadores sindicalizados del gobierno de Michoacán han dado positivo a diario a COVID-19 durante enero del 2022, cuando se ha contabilizado 114 enfermos y 65 sospechosos al corte de este lunes 17, en una situación generalizada en todas las dependencias, pese a que se bajó al 60% el aforo permitido.
El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra Piñón, dijo conocer que también han resultado positivos empleados de contrato, además de funcionarios.
“En lio que va del mes de enero, de sindicalizados llevamos 114 positivos, además de 65 sospechosos, no tenemos afortunadamente ningún fallecido, pero a pesar de que se bajó al 60% el aforo en las oficinas, cómo ves están creciendo los casos y obviamente sólo te estoy mencionando los sindicalizados, pero también se está contagiando gente de contrato y funcionarios que son los que más se están contagiando”.
En el caso de quienes ocupan puestos de mando en la estructura gubernamental, Ferreyra Piñón aseguró que son los que más se han contagiado, ya que pese “al decreto que sacó el gobernador donde hace obligatorio el uso del cubreboca, algunos funcionarios no los quieran usar”.
Al momento, se conoce que han dado positivo a Coronavirus el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y el titular de Seguridad Pública, Alfredo Ortega Reyes,
El dirigente gremial, señaló que por esta situación “ya ha habido contagios en Casa de Gobierno, en Recursos Humanos”, donde los funcionarios se siguieron presentando a trabajar, aunque “sabían que habían estado en contacto con quienes habían dado positivo”.
“A la gente de contrato la obligan a ir enferma, a pesar de que la circular de la Comisión Central de Seguridad e Higiene establece que independientemente del tipo de contratación se deben aplicar los lineamientos y en los lineamientos dice que al momento de sentir cualquier afección respiratoria, deben quedarse en resguardo, pero no les permite quedarse en casa”.
Señaló que ya se tuvieron casos positivos a COVID-19 en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde incluso tuvieron que cerrarse los 5 Centros de Asistencia Infantil, así como el área de Jubilados de la Dirección de Pensiones Civiles y el Centro de Rehabilitación del Estado (CREE).
De igual forma, se cerró la dirección de Catastro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto de Formación Policial.
