En demanda de que la vacunación anti COVID se desarrolle de manera directa en las comunidades y denunciar presuntos actos de corrupción en la operación de los programas sociales, comuneros del Consejo Supremo Indígena tomaron las instalaciones de la Delegación del Bienestar, de donde desalojaron al personal para cerrar las puertas.
El vocero de la organización, Pavel Ulianov Guzmán señaló que hay discriminación, ya que en las 65 comunidades que integran este frente no se ha realizado una inmunización directa y los pobladores no pueden movilizarse a las cabeceras municipales, por lo que se calcula que sólo el 40% de los habitantes sí se ha vacunado, y más de 100 mil están expuestos a ser contagiados.
El jefe de Tenencia de Jarácuaro, municipio de Erongarícuaro Armando Bartolo Jesús demandó atención directa del delegado federal, al señalar que se tienen alrededor de 650 solicitudes de personas que piden ser vacunadas y no han tenido respuesta.
Ulianov Guzmán precisó que han presentado cerca de 25 denuncias administrativas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el presunto desvío de los programas sociales dirigidos a niños, madres trabajadoras y adultos.
La señora Amelia Constantino Santiago, denunció que desde hace más de un año su esposo no ha logrado darse de alta en el Programa de Atención a los Adultos Mayores, ya que el responsable en la comunidad de Jarácuaro, pone una serie de obstáculos, para favorecer a sus familiares.