Con el voto a favor de los 38 diputados presentes, el Congreso de Michoacán aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, que establece el diseño institucional con el ejercerá su gestión el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla desde la anterior Legislatura y que se aprobó en mesa técnica de asesores de la Comisión de Gobernación que encabezaba la ex diputada de Morena, Cristina Portillo Ayala.
El documento que se votó cerca de las 2 de la mañana de este 6 de octubre, contempla la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Movilidad, además de que modifica la denominación de 3:
La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, se denominará Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial; será solo de Medio Ambiente.
La secretaría de Desarrollo Social y Humano, será Secretaría del Bienestar.
Finalmente, no se eliminó la Secretaría de los Migrantes, ya que Ramírez Bedolla pidió mantenerla y tampoco se modificó el nombre de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, que se pretendía nombrar sólo Secretaria de la Mujer.
De acuerdo al documento, el Despacho del Gobernador, asumirá el área conocida como Oficina del Gobernador, la Consejería Jurídica, la Coordinación General de Comunicación Social, la Secretaría Técnica, la Coordinación del Gabinete y la Coordinación de Operación Estratégica.
En la nueva legislación, se establece que, para esto, los recursos humanos, materiales y financieros de dichas oficinas se transferirán al Despacho del Gobernador.
En el dictamen, los ex diputados no contemplaron el cambio del Sistema Penitenciario a la Jurisdicción de la Secretaría de Seguridad, al considerar que no es de su competencia y se violentaría la ley, por lo que se mantuvo en la Secretaría de Gobierno, a propuesta del diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez.
Entre los cambios significativos, destaca que la Consejería Jurídica asumirá las facultades de legalización de firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la Fe pública que tenía la Secretaría de Gobierno
Precisa que la administración pública estatal se regirá por los principios de austeridad, eficiencia, equidad, gobernanza, gobierno abierto, honestidad, honradez, igualdad de oportunidades, igualdad sustantiva, no discriminación, lineamientos que no estaban en el marco jurídico actual.
En el dictamen se establece que autoridades actualizarán al menos trimestralmente un Sistema de índices de Calidad de los Servicios Públicos, basado en criterios técnicos.
El índice debe ser publicado y permanecer para consulta pública, en portales, páginas y cuentas oficiales.
Se eliminó el artículo transitorio que establecía un plazo de 60 días naturales para presentar reformas a efectos de precisar las atribuciones en materia de administración tributaria del estado.
La única propuesta que tuvo votación dividida, fue la que hizo el diputado del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez para eliminar la facultad de los titulares de las unidades de la administración pública estatal para integrar y presidir su órgano interno de control, por considerarlo contradictorio.
Vale mencionar que el dictamen aprobado no fue firmado por el diputado del PAN, David Cortés Mendoza, lo que implica su inconformidad, aunque ahora ya reelecto en la noche sí votó a favor.
