La búsqueda de la despenalización de la interrupción del embarazo, es un “discurso trillado” fomentado por la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, debido a que el 85% de las mujeres están a favor de la vida, aseguró la representante del Consejo Provida en Michoacán, Adriana Saucedo Torres.
Detalló que en el estado no se criminaliza a las mujeres por abortar, ya que actualmente no hay presas en la entidad por este ilícito, pese a que que el Código Penal establece que a las mujeres que abortan, se les impone como “sentencia” la realización de trabajos comunitarios de uno a seis meses.
Informó que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el país son 107 las personas en prisión por el delito de aborto, de las cuales 101 son hombres y seis mujeres, lo que significa, que la ley protegen a la mujer y sentencia a la persona que la induce a practicarlo.
“Michoacán no tiene ninguna presa por aborto, el artículo 145 del código penal establece que la mujer que comete el delito del aborto se le impondrá de 1 a 6 meses de trabajo comunitario, no hay presas, ¿que nos indica esto? Que la ley sigue protegiendo a la mujer porque más bien le imputa una sanción a la persona que la induce a cometer este delito y que el tema de criminalizar a la mujer es un discurso trillado, ¿por qué si les interesa tanto las mujeres, por qué no hay políticas públicas a favor de ellas?”.
Adriana Saucedo aseguró que el argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar el aborto y evitar la criminalización de las mujeres, no tiene sustento; por el contrario señaló, se deberían crear políticas públicas en favor de las michoacanas en materia de salud, seguridad, empleo, vivienda y educación, en lugar de atentar contra la vida de las personas.
Otro argumento que señalaron integrantes del Consejo Provida para estar en contra de dicha determinación, es que el 54% de las mujeres que abortan son solteras o no cuentan con el apoyo de la pareja, e incluso la misma pareja es quien las empuja a abortar, lo que abre el paso a que se fomente la violencia en contra de la mujer.
Las asociaciones Provida buscarían interponer un recurso para revertir la resolución judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero aún no se tiene una fecha prevista.
