La situación de violencia e impunidad que viven algunas regiones de Michoacán, sobre todo Aguililla, ha escalado ya a los medios de comunicación, que deben enfrentar ahora las amenazas de la delincuencia organizada. Esto era algo que se veía venir: no se puede apelar a una política de abrazos, no balazos, y esperar que haya de parte de la delincuencia una actitud de respeto a las normas de la democracia, entre ellas la libertad de expresión y de opinión.
Por el contrario, la complacencia suele resultar contraproducente, pues empodera a los delincuentes, quienes consideran que este tipo de actitudes son una patente de corso para legitimar sus actividades ilícitas.
Que la violencia vaya en aumento, lo mismo que el desdén federal para atender el problema, a estas alturas ya no resulta extraño. Es evidente que, si no se atiende una situación de riesgo, este crecerá hasta convertirse en algo incontrolable. No obstante, lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a esta situación. Si la violencia en Aguililla resulta ya de por si inadmisible, resulta más que haya escalado a otros municipios y, también, a los medios de comunicación.
Los criminales ya lograron un cometido: invisibilizar al gobierno federal, al grado de que poco les importa la presencia de la guardia nacional o del Ejército. Se sienten a sus anchas en el territorio, lo mismo para mantener secuestrada a la población que para romper las vías de acceso al poblado. Ahora van por los medios. La idea es hacer de la región de Aguililla una zona de excepción, en la que sólo valga el poder de la delincuencia. Ni gobiernos, ni ciudadanos ni periodistas tienen cabida ahí.
El problema reside en que el vacío de autoridad es lo que está provocando este tipo de situaciones irregulares. El gobierno de AMLO ya permitió que la escalada de violencia en Aguililla se extienda a otros poblados y también que las amenazas a los periodistas suban de tono. No es de extrañar: el presidente ha tenido una actitud permisiva hacia el crimen organizado y, por otra parte, uno de los ejes de sus acciones es la crítica permanente a los medios de comunicación y a determinados periodistas que no le siguen el juego.
En suma, el caso Aguililla evidencia que la falta de voluntad del gobierno federal para atender los problemas urgentes se está convirtiendo ya en una situación de riesgo, que amenaza la gobernabilidad del país. ¿Qué viene a continuación? Ante un gobierno como éste, sólo cabe esperar lo peor.
