El auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda precisó que este organismo no ha emitido un dictamen favorable o negativo de la Fiscalización que realiza a la cuenta pública municipal del 2018, que corresponde al último año de la administración de Alfonso Martínez Alcázar como edil de Morelia, y al arranque del gobierno de Raúl Morón Orozco.
En consecuencia, rechazó que exista proteccionismo o favoritismo, como señaló el edil interino, Humberto Arróniz Reyes, tras lamentar el retraso en el seguimiento de las denuncias en proceso.
“Nosotros no hemos dicho está bien, nosotros no hemos dicho, está mal. Porque nosotros al momento de acusar tenemos que llevar todas las pruebas. Nosotros no podemos salir. Por ejemplo, en el 2018, nosotros no podemos decir, me faltaron unas butacas y a quién es peyorativo, a la empresa, al municipio, a quién. En ese ya se aplica la ley del tercero involucrado, en el que también tengo que mandar llamar a la empresa constructora y decirle qué pasó”.
Aguirre Abellaneda, precisó que la administración municipal, presentó la denuncia directamente ante la Fiscalía Anticorrupción y ésta solicitó a su vez la información ante la comisión Inspectora, que encabeza el priista Marco Polo Aguirre Chávez, quien no le ha requerido ningún dato y hasta la firma del convenio, el martes, no podía proporcionar directamente la información.
“Él puso la denuncia directamente a la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía no me solicita los datos, los solicita a la Comisión Inspectora, en este caso al diputado Marco Polo, que es el presidente de la Comisión. Al momento que no me lo mandan, yo no proporciono información porque aún no tengo esa solicitud en mis manos”
Explicó que está abierta la investigación por la obra del Río Chiquito y otros proyectos, donde se presume “falta de aplicación de materiales” y sobrecostos, pero la investigación sigue, por lo que los hallazgos no son concluyentes.
