Toda elección democrática debe contar con normas y autoridades imparciales, así como condiciones equitativas para competir. Las reglas del juego no deben favorecer a ningún competidor en detrimento de otro, el árbitro debe ser neutral y el campo de la contienda debe ser razonablemente parejo para todos. Estos principios elementales, reconocidos universalmente, en México tardaron varias décadas en implantarse. En la época del sistema de partido hegemónico, además de leyes sin suficientes garantías de imparcialidad, había una autoridad electoral dependiente del Poder Ejecutivo, y un partido oficial que se confundía con el gobierno y disponía con liberalidad de recursos públicos. Comprensiblemente, la competencia era estructuralmente inequitativa, de ahí que en la mayoría de los casos el ganador de las elecciones estaba predeterminado.
El largo proceso de transición democrática mexicana -que puede fecharse convencionalmente de 1977 a 1997- comenzó con la inclusión de nuevas fuerzas políticas en la arena electoral y en los órganos de representación del Estado. Tras la crisis política de 1988, cuando fue evidente que el árbitro-gobierno manipuló los resultados de votación, el reclamo se concentró en instituir una autoridad electoral independiente y profesional parar garantizar la autenticidad del sufragio. Esto se logró: en adelante, los votos se contaron bien. Pero estaba pendiente la equidad de la contienda: un partido disponía desproporcionadamente de recursos económicos y materiales y gozaba de presencia abrumadora en los medios de comunicación. La reforma electoral de 1996 corrigió esto con un sistema de financiamiento a los partidos predominantemente público y sujeto a reglas claras, además de asegurar un acceso más amplio y equitativo a la radio y la televisión. Sin embargo, persistieron resquicios que permitían el activismo político de los gobernantes y el uso de recursos públicos a favor de su partido.
La reforma de 2007 fue más radical para establecer una cancha pareja para todos los jugadores: aseguró a los partidos el acceso gratuito a la radio y la televisión, prohibió la compra de tiempos en esos medios para propaganda política, y prohibió expresamente a los servidores públicos usar recursos públicos y propagandísticos a favor o en contra de cualquier partido; además, ordenó suspender la propaganda gubernamental durante los períodos de campaña electoral. Y para que no quedase duda de la importancia otorgada al principio de equidad de la contienda, tales disposiciones quedaron inscritas en la Constitución (artículos 41 y 134).
Algunos pueden pensar que tales restricciones son excesivas, y tal vez tengan razón en abstracto. En muchos países es común que los gobernantes hagan campaña abiertamente a favor de su partido. Pero en la experiencia política de México, las restricciones al activismo político de los gobernantes y servidores públicos se convirtió en una bandera indeclinable de todas las fuerzas de oposición y una condición indispensable para tener elecciones justas.
Claro, como suele suceder en la vida y más aún en la política, lo que se exige a otros a veces se esquiva para sí mismo. Desde hace veinte años -la era de la alternancia en el poder-, ha sido frecuente que las mismas fuerzas políticas que desde la oposición exigieron con denuedo impedir la intervención de los gobernantes en la contienda electoral, cuando están en el gobierno traten de eludir las restricciones o las desafíen abiertamente.
En este proceso electoral en curso hay una tensión entre las disposiciones constitucionales a favor de la equidad y la tentación del Presidente de la República, de los gobernadores y de otros servidores públicos a influir en las elecciones. En medio de esa tensión están el INE y el Tribunal Electoral, obligados a hacer cumplir la Constitución y las leyes con medidas preventivas o sanciones. No se trata de que el INE quiera coartar la libertad de expresión, sino de evitar la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad. Y hay que recordar que las libertades y obligaciones de un gobernante no son las mismas que las de un ciudadano común.
No está de más citar textualmente lo que el artículo 134 constitucional prescribe en la materia: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. (El subrayado es mío).
Las elecciones, por naturaleza, son intensas, apasionadas y hasta enconadas. Pero esa lucha corresponde a los partidos y sus candidatos y candidatas. A los órganos del Estado, a todos, les corresponde cumplir sus atribuciones con imparcialidad, sin afectar la equidad de la competencia.
