A más de 3 meses de que el Poder Judicial de Michoacán, ordenó a la Fiscalía Anticorrupción retomar la investigación de los presuntos sobornos que habría entregado la empresa Odebretch para la construcción de la presa Francisco J. Múgica, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción aún está en espera de que se retome el caso.
La presidenta de este organismo, Rosmi Bonilla Ureña señaló que sólo fueron notificados de la revocación del acuerdo de no acción penal, con la que la Fiscalía pretendía que prescribiera el delito de enriquecimiento ilícito que promovió el CPC contra Víctor Guerra Reyes, responsable de la construcción del inmueble.
“Sí se nos notificó de parte de la Fiscalía que se revocaba el acuerdo de no acción legal que se había tomado en mayo, eso se notificó unas semanas después de la audiencia y estamos esperando que la Fiscalía retome el caso, y si es necesario que se cite al Comité de Participación Ciudadana, estamos en toda la disposición”.
En entrevista, Bonilla Ureña precisó que retomarán el tema y “lo volverán a poner sobre la mesa del Comité Coordinador”, ya que además de la investigación penal, el propio Auditor Superior del Estado, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda ha señalado que es un pendiente “al que hay que darle seguimiento”.
La presidenta del CPC, rechazó que exista resistencia de las dependencias estatales a dar seguimiento a ese tipo de casos.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de la Contraloría del estado (SECODAEM), Francisco Huergo Maurín, informó que no se le ha solicitado ninguna información o investigación sobre este caso, en el entendido de que el seguimiento está a cargo de la Auditoría Superior (ASM).
“Nos parece que es correcto, porque creemos y confiamos que habrá mucha transparencia en cualquier análisis o dictaminación que se haga”.
El funcionario, aclaró que la SECODAEM no tendrá ninguna participación a menos que haya petición de parte, al señalar que el tema se abrirá desde la Fiscalía General de la República.
“Entonces entra la parte de la Fiscalía del Estado y también la Auditoría que tiene la información de origen, que tendría que presentar al fiscal Anticorrupción, pero nosotros no participamos en esta auditoría, fue dirigida a través del Poder Legislativo”
El pasado 28 de agosto, la jueza de Control y Enjuiciamiento, Amalia Herrera Arroyo revocó el acuerdo de no ejercicio penal que decretó la Fiscalía en mayo pasado.
La representante de Poder Judicial, coincidió con los criterios que expuso entonces la presidenta del Comité Ciudadano, Elvia Higuera Pérez, quien señaló que existen documentos que acreditan que el ex funcionario recibió sobornos a través de instituciones financieras internacionales por 430 mil dólares, lo que se acreditó a través de un aumento no justificado de su patrimonio.
Explicó que este tipo de delitos se considera “continuado”, ya que no se extingue al momento de que se comete el acto y debe darse seguimiento, además de que se conoce que hubo nuevas actuaciones del caso, en el Principado de Andorra entre 2015-2017.
