Diputados del PRD, PRI, PVEM y de la Representación Parlamentaria en el Congreso del estado, rechazaron que se haya aprobado el pasado domingo una nueva deuda para la entidad, como lo señalaron legisladores de Morena, a quienes solicitaron dejar de desinformar a la opinión pública con argumentos falsos y con intenciones político-electorales.
En rueda de prensa, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Antonio Soto Sánchez precisó que la aprobación de la reforma al artículo 26 de la Ley de Ingresos del Estado fue una reposición del procedimiento para la contratación de un crédito por cuatro mil 90 millones de pesos con la finalidad de resarcir los 7 mil millones de pesos que el estado dejará de percibir de la federación el próximo año, a lo que calificó como un acto de congruencia y racionalidad política.
“Los representantes de Morena están desinformando a la opinión pública de que nosotros hemos autorizado una nueva deuda, eso no es cierto, eso es una mentira, es un engaño, no hay una nueva deuda, fue un empréstito del 2019 que se está haciendo efectivo en la reposición de un procedimiento legislativo para alcanzar la mayoría calificada que fue lo que se logró con la votación de días pasados”.
Señaló que de no aprobarse, generaría para el estado menos escuelas, hospitales, medicinas, seguridad, recursos para municipios, para obras, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, infraestructura carretera y faltará inversión en general por el abandono del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, la diputada Miriam Tinoco Soto, consideró que el recorte de recursos a los estados es una medida dolosa por parte de la federación para que los congresos locales tengan que tomar decisiones difíciles que podrían generar molestia y malestar social.
La diputada Adriana Hernández Iñiguez expuso que gracias a este recurso aprobado se podrá reactivar la economía en los municipios al interior del estado y abonará a combatir la difícil situación económica provocada por las malas decisiones del gobierno federal.
Finalmente, aseguraron que el recurso será auditado y no podrá ser utilizado para otros fines que no sea la inversión productiva.
