En una determinación considerada histórica, el Poder Judicial del estado, ordenó a la Fiscalía Anticorrupción retomar la investigación de los presuntos sobornos que habría entregado la empresa Odebretch para la construcción de la presa Francisco J. Múgica y otorgó a la sociedad michoacana el carácter de víctima en el caso, a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.
En la audiencia, la jueza de Control y Enjuiciamiento, Amalia Herrera Arroyo revocó el acuerdo de no ejercicio penal que decretó la Fiscalía en mayo pasado, cuando consideró prescrito el delito de enriquecimiento ilícito que promovió el CPC contra Víctor Guerra Reyes, responsable de la construcción del inmueble.
La representante de Poder Judicial, coincidió con los criterios que expuso la presidenta del Comité Ciudadano, Elvia Higuera Pérez, quien señaló que existen documentos que acreditan que el ex funcionario recibió sobornos a través de instituciones financieras internacionales por 430 mil dólares, lo que se acreditó a través de un aumento no justificado de su patrimonio.
Explicó que este tipo de delitos se considera “continuado”, ya que no se extingue al momento de que se comete el acto y debe darse seguimiento, además de que se conoce que hubo nuevas actuaciones del caso, en el Principado de Andorra entre 2015-2017.
El representante legal del gobierno del estado, Víctor Ernesto Cedeño Cervantes se sumó al recurso legal del comité ciudadano y cuestionó a la Fiscalía Anticorrupción al señalar que “no hubo exhaustividad ni eficacia en la investigación”.
Consideró que debido a los recursos federales que se aportaron a la obra, podría ser de competencia de la Fiscalía General de la República y considerar la posibilidad de “integrarse al caso Lozoya”.
En tanto, el apoderado Jurídico del Ejecutivo, Marco Antonio Muñiz Tinoco reclamó que al comparecer ante el Ministerio Público, se les puso a la vista el expediente de 150 hojas y se le pidió de inmediato ratificar o no la denuncia, pero no se les proporcionó más bien información y en plena pandemia se decretó “el no ejercicio de la acción penal”.
En respuesta, la agente del Ministerio Público Especializada Anticorrupción, Marcia Cervantes Velázquez, señaló que se realizó un trabajo riguroso y objetivo sin ningún interés personal, y ratificó que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales el delito de enriquecimiento ilícito prescribió.
Vía remota, aseguró que el Comité Ciudadano y la propia Consejería Jurídica, nunca aportaron más elementos a la investigación.
En respuesta a los señalamientos, la jueza desestimó los argumentos de la Consejería del Ejecutivo y recordó a sus representantes que nunca presentaron denuncia penal sobre los presuntos hechos de corrupción, por lo que señaló que el gobierno estatal “adoptó una actitud pasiva”.
Herrera Arroyo, se refirió de manera reiterada al desempeño de la Fiscalía, al asegurar que si hubiera cumplido con su trabajo de investigación, se habría percatado que las conductas denunciadas configuran un delito continuado y, en consecuencia, no había prescrito
