De saqueo y desvío de recursos a través de prestanombres, corrupción, usurpación de funciones y violencia de género, acusaron al presidente municipal de Paníndicuaro, Héctor Jonhy Ayala Miranda, regidores de Morena, el jefe de tenencia de Curimeo y la síndica del ayuntamiento, Isabel García Olea.
En conferencia de prensa que ofrecieron en Morelia, la síndica relató que el edil pide a los otros funcionarios municipales “no le hables a esa pinche síndico”, y condiciona autorizar alguna obra a cambio de que el interesado no sostenga ninguna comunicación con ella, por lo que ya prepara una denuncia por violencia de género.
Señaló que también ha enfrentado un bloqueo a sus peticiones de información sobre las obras que se han ejecutado, ya que se ha incumplido con el mandato del Cabildo.
Denunció que aportarán pruebas con las que comprueban el sobreprecio de algunos proyectos, además de que Ayala Miranda ha dispuesto de dinero del erario de manera personal en la compra de un banco de arena del que hace uso de manera familiar y de un rancho, los cuales concretó mediante prestanombres.
Señaló que se para este año se aprobaron 77 obras, “algunas muy costosas, que son una pavimentación de una calle de 2 millones 714 mil pesos; de un cárcamo de 4 millones 79 mil”.
García Olea, dijo además tener certeza de que el edil cobra moche a los contratistas, entre numerosas otras irregularidades.
“También queremos que se investigue a toda la familia, porque tiene muchos prestanombres, créditos en la caja popular de 4 millones de pesos para una cuñada que es ama de casa (…) En cada obra, porque así me lo han dicho, cobra 30% es el moche, de 20 a 25%, por eso a él las obras pequeñas no le interesan”.
El primer regidor, José Tarcisio León Núñez, señaló que tras su voto en contra de que el informe de actividades del ayuntamiento se realizara de manera presencial ante el riesgo de COVID-19, el edil determinó incorporar a sus suplentes y pedirles su voto, “cuando los ausentes no habían solicitado licencia”, con lo que podrían ser acusados de usurpación de funciones.
Informaron que las irregularidades se denunciarán ante la Auditoría Superior de Michoacán y en el propio Congreso del estado, al que solicitarán una revisión integral del ejercicio presupuestal desde el inicio de esta administración en septiembre del 2018.
