Lejos está Michoacán de superar los problemas financieros dentro del sector educativo. La llamada federalización de la nómina es sólo una ilusión hueca a la que Federación y Estado –con sus respectivos adeptos- se aferran para argumentar avances sin quedar expuestos en sus incapacidades de negociación, de falta de voluntad para sanear y dar viabilidad financiera al sector, de fincar responsabilidades a quienes en un indebido ejercicio de la función pública lo colapsaron.
Tal y como ha ocurrido en años anteriores, la Secretaría de Educación del Estado permanece registrando déficit en materia financiera, y el Convenio de Coordinación para Establecer el Mecanismo de Pago de Nómina de los Trabajadores del Sector Educativo al Servicio del Estado de Michoacán en pesos no representa avance sustantivo para atender los compromisos financieros del sector en la entidad.
De 2011 a la fecha la Secretaría de Educación del Estado ha ejercido 36 mil 717 millones de pesos por encima de lo presupuestado por el Congreso del Estado, sin que el 2020 sea la excepción, lo que implica un déficit presupuestal persistente.
Los datos del Primer Informe Trimestral Financiero de 2020 del Gobierno del Estado, muestran que la tendencia deficitaria de la Secretaria de Educación no ha cambiado.
Para este año el Congreso del Estado aprobó un presupuesto a la dependencia por 23 mil 337 millones 751 mil 65 pesos, dicho monto durante los primeros tres meses del año ya había sido susceptible a un incremento de 683 millones de pesos, para quedar en un total de 24 mil 20.8 millones de pesos.
Ahora en agosto la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado deberá hacer público el Segundo Informe Trimestral Financiero del año, en el que previsiblemente habrá un incremento aún mayor en el gasto de la Secretaría de Educación.
El monto de los recursos extras a lo presupuestado de origen para la institución es ilustrativo: en 2011, fueron cuatro mil 582 millones más; en 2012, dos mil 387 millones; en 2013, tres mil 912 millones; 2014, cinco mil 497 millones; 2015, tres mil 295 millones; 2016, tres mil 498 millones; 2017, tres mil 885 millones; 2018, cuatro mil 372 millones; y 2019, cuatro mil 602 millones.
Tras la firma del Convenio Federación-Estado en materia educativa, no se ha planteado ningún esquema alterno para oxigenar financieramente al sector. Se ha optado por dejar en el imaginario colectivo que la medida vendrá a solucionar el problema en Michoacán aunque en términos reales no sea así.
El Convenio no implicó la federalización de la nómina, tanto que en éste se establece que el Estado mantendrá una aportación del 65.4 por ciento del total de la nómina de los trabajadores al servicio de la educación básica, incluyendo la indígena y especial, mientras que la Federación el 34.6 por ciento.
Los términos en cuanto a recursos permanecieron de manera similar a lo que ocurría con anterioridad, donde la participación federal era a través de aportaciones extraordinarias que realizaba vía gestiones del Estado. La diferencia radica en la formalización en papel de lo que venía sucediendo.
En el Convenio –que surte efectos a partir de que fue firmado -23 de enero- y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2024- se establece claramente que Michoacán mantendrá “en todo momento” su calidad de patrón con los trabajadores del sector educativo.
De hecho el Convenio fungirá para obligar al Gobierno Estatal garantizar el monto de recursos que le corresponden para el pago de la nómina, pues le obliga afectar “irrevocablemente” las participaciones federales que le correspondan del Ramo 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”.
En caso de que el Gobierno Estatal no cumpla con el pago oportuno, se acordó que la SHCP realice directamente la afectación de dichas participaciones para el cumplimiento de la obligación.
Una vez definido el origen de los recursos dentro del Convenio, se estableció el procedimiento de pago de nómina, el cual se efectuará a través de un denominado “vehículo financiero” que será administrado por el Gobierno Federal por conducto de la SEP.
Los recursos estatales y federales acordados en el convenio, tendrán el control de la SEP para ser destinado al pago de la nómina, y con ello garantizar el pago oportuno.
El Estado deberá continuar con la disposición de recursos para el pago de la nómina ahora obligado -con la firma del convenio- a la totalidad de su porcentaje, con la imposibilidad de gestionar recursos extraordinarios para ello, ya que el porcentaje que habrá de aportar la federación quedó establecido ya de fijo.
Así las cosas.
