Obras son amores y no buenas razones – Dicho Popular
Continuamos en esta edición, amable lector, con el análisis del ensayo de Andrés Manuel López Obrador, La Nueva Política Económica en Tiempos de Coronavirus.
El Presidente de la República señala cinco ejes de su política económica: la democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar.
En su primer eje, la democracia, fundamenta gran parte de su política económica al señalar que ambas van de la mano y menciona la conocida etimología de la palabra para explicarlo. Lo interesante sería saber qué concepto tiene AMLO de la palabra “pueblo”. Si buscamos en los diccionarios, encontraremos que la primera acepción de la palabra pueblo[1] es la del conjunto de habitantes de una delimitación geográfica, en este caso, el país. Pero también encontramos que puede restringirse el uso de esta palabra a los miembros más humildes de una sociedad o incluso, a las comunidades indígenas.
De su discurso, podemos inferir que el Presidente se refiere con pueblo a estas dos últimas definiciones, a pesar de que en su mismo ensayo menciona que su política es no discriminar a nadie. En el documento divide a la población en el 70 y 30%, donde el 70% será el objetivo de su nueva política económica (lo cual discrimina al resto de la población) y enlista como parte de este grupo preferente a todos los indígenas, empleados del Estado, maestros, médicos, enfermeras, soldados, marina, oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados de Pemex, CFE y empresas públicas. Es decir, a todos aquéllos que tienen como fuente de ingresos el presupuesto federal.
Trabajadores y obreros empleados en la iniciativa privada, les tengo una mala noticia, para el Señor Presidente, ustedes no son pueblo, no están incluidos en sus planes, lo cual es congruente con su negativa a apoyar a pequeñas y medianas empresas en los tiempos de coronavirus. Y ahí las cuentas no salen con su porcentaje, pues como ya hemos señalado, deja fuera de su plan al 73% de los empleos del país, más el porcentaje que aportan las grandes corporaciones.
Hay varios nudos en sus argumentos en su política de no apoyo al sector empresarial. El primero es la justificación de su modelo en el fracaso del esquema capitalista. Señala que éste se basa en el principio de que la acción particular, al ser estimulada por el interés privado, es mucho más eficaz que la oficial y que la función del Estado es garantizar el orden y no intervenir en el manejo de la economía para procurar la felicidad de los mexicanos.
Tanto el desarrollo y el crecimiento económico del país han encontrado su mayor despegue precisamente por estímulo a la iniciativa privada y eso lo demuestran tanto el hecho de que el mayor porcentaje de empleo lo generan los particulares como la contundente quiebra de las empresas paraestatales en la década de los ochentas, debido a la ineficiencia en su operación y la corrupción en su administración. Más aún, el gráfico elaborado y mal interpretado por su propio equipo, casi al final del documento, compara la desigualdad, medida por el coeficiente GINI y el producto interno bruto y el saldo reitera esta situación.
Sin embargo, esto no ha detenido la pobreza en México y aunque haya avances en la reducción de la desigualdad social en el país, éstos han sido muy tímidos en comparación al tamaño de problema que tenemos.
Encuentro dos errores severos que propician esta situación: el primero es justamente la creencia de que el Estado no debe intervenir en la economía. Por supuesto que debe hacerlo al vigilar y garantizar que las empresas operen bajo modelos de negocios que garanticen el triple balance en sus resultados: en lo económico, lo social y lo ambiental. Y el segundo grave error ha sido precisamente la no intervención de la clase en el poder permitiendo el abuso de grandes empresas hacia sus trabajadores y comunidades, con pago de mano de obra y sueldos que no corresponden a los beneficios económicos que genera la empresa y destruyendo el medio ambiente y la cultura de las localidades donde se encuentran, amén de la gran evasión fiscal que llevan a cabo, todo esto con la indulgencia de un aparato burocrático – incluido el de la presente administración federal – cuya corrupción se alimenta del soborno y la extorsión para hacer negocios.
AMLO declara en el documento que nos ocupa que no hará rescate de grandes corporaciones como sucedió con el FOBAPROA en 1995, pero quizás su mente no alcanzó a comprender que al salírsele al Gobierno la economía de las manos llegamos a una crisis sin precedentes donde los deudores de la banca, al haber perdido el empleo y enfrentar una inflación galopante, se vieron sin recursos para pagar sus deudas, cayeron en incumplimiento y la respuesta nerviosa de los ahorradores al ver en peligro su dinero, fue hacer retiros masivos. Ambas situaciones pusieron en riesgo de desaparecer los ahorros de los pequeños usuarios, que eran la gran mayoría de mexicanos. Sin duda, se benefició a accionistas bancarios al mantener vivos sus negocios, pero con ello se evitó una quiebra aún más grande de las economías domésticas. No quedaba de otra en aquél momento, aunque ciertamente, los términos de negociación pudieron haber sido diferentes.
En aquél entonces, AMLO militaba en el partido en el poder. Lo menos que podría haber hecho es aprender la lección y comprender realmente a quién debe rescatar y de qué forma. Por supuesto, estamos de acuerdo que en una crisis, todos perdemos algo y las grandes empresas deberán asumir también sus pérdidas, pero lo que no debería ser cuestionable, es la protección del empleo, de la fuente de ingresos de la gran mayoría de mexicanos, pero que como ha dejado claro, no entran en su clasificación del pueblo que ha de defender.
Concluyo este nudo con que el problema no es que la economía sea impulsada por la iniciativa privada, el problema es la corrupción. Andrés Manuel basa su política económica en el discurso marxista de la lucha de clases poniendo en contra la clase obrera y la iniciativa privada, donde ante la debilidad de la primera y el poderío de la segunda, busca eliminar esta última para igualar el marcador, pero tanto él, como el padre del socialismo olvidaron la tercera clase, que es la que engendra y estimula la corrupción, haciendo fracasar tanto el modelo capitalista como el socialista: la clase en el poder.
Agradezco, apreciados lectores, llegar hasta aquí. Espero sus comentarios y si ustedes lo permiten, continuamos la próxima semana con más nudos en este ensayo.
PostData: La declaración de AMLO en su ensayo de que su gobierno no discrimina a nadie queda en entredicho precisamente en esta semana en que se encendió la discusión por la invitación por parte del CONAPRED[2] a Chumel Torres a un evento sobre clasismo, racismo y discriminación. Se trata de un youtuber y comediante que es símbolo precisamente del fomento a esta cultura de discriminación, y quien además tuvo el mal tino de tomar a Jesús Ernesto, hijo menor de Andrés Manuel como objeto de sus comentarios. Esto prendió la ira de la esposa del Presidente, poniendo en el ojo del huracán a este Consejo, pues primero AMLO declaró que desconocía su existencia, después señaló que era un organismo de corrupción creado por gobiernos neoliberales y anunció su disolución, lo cual devino en la renuncia de la encargada de la misma y el veto del comediante en un canal televisivo. Por supuesto, Torres se equivocó terriblemente al involucrar al menor en su narrativa discriminatoria, pero también lo hizo Andrés Manuel al reaccionar visceralmente haciendo todo el uso de su poder para aplastar a dicho Consejo, contradiciendo su discurso una vez más.
[1] Del latín populus, población, utilizando la misma referencia de AMLO a raíces etimológicas.
[2] Cosejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
