A mis padres Ramón y Aurora, a mis hermanas y hermanos:
Soy hija y hermana de migrantes, de hombres y mujeres que han sido parte de ese flujo de trabajadores que desde los Estados Unidos de Norteamérica han impedido que la economía de México se colapse y que pese a la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 han hecho envíos históricos de remesas a sus familias radicadas en sus lugares de origen.
Contrario a todo pronóstico, ya que el trabajo en los campos agrícolas norteamericanos representa uno de los mayores riesgos de contagio, luego de que la Unión Americana, reporta más de 2 millones 188 mil casos y cerca de 118 mil decesos por SARS-CoV-2, los migrantes mexicanos sorprendieron en marzo con el mayor monto de envíos en por lo menos 20 años.
En plena crisis sanitaria, se contabilizaron cerca de 10 millones de envíos que sumaron 4 mil 7 millones de dólares, es decir cerca de 100 mil millones de pesos.
De hecho, las remesas se convirtieron ese mes en el principal ingreso del país, incluso por encima del petróleo y el turismo que durante la pandemia registraron un desplome histórico.
Mientras millones de personas guardaron sana distancia en casa, los migrantes mexicanos y en especial los michoacanos continuaron su labor esencial para garantizar el abasto alimentario del vecino país del norte.
Esos recursos dieron también estabilidad a Michoacán, que en marzo recibió el segundo monto de remesas más alto de todo el país, luego de que Jalisco encabezó en esta ocasión la lista de entidades receptoras.
De acuerdo a las cifras del Banco de México (Banxico), a Michoacán llegaron 10.3% del total de los envíos, cerca de 21 mil 919 millones de pesos que representan casi una tercera parte del presupuesto anual del gobierno de Michoacán, que permitieron la reactivación de las comunidades y zonas más vulnerables de la entidad, donde se calcula que el 80% de las actividades productivas dependen de las remesas.
Mi padre fue bracero, participó en este programa que operó entre México y Estados Unidos desde 1942 hasta 1964, para garantizar la demanda de mano de obra que tenía ese país en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que entonces se firmaron 4 millones 646 mil contratos de trabajo, en los que participaron 3 millones 233 mil jornaleros agrícolas.
Entre los compromisos que firmaron ambos países, resaltó la integración de un Fondo de Ahorro que se integraría con el 10% de su salario y se les entregaría a su regreso a México. Se calcula que en ese fondo se depositaron 122 mil millones de pesos, que nunca se les entregaron.
Mi padre, como millones, esperó durante años el reintegro de esos recursos, ningún gobierno federal, estatal o municipal hizo gestión alguna, solo la alianza Braceroproa, que encabeza Ventura Gutiérrez Méndez y la peculiaridad de sus manifestaciones, lograron ejercer presión en el gobierno de Vicente Fox Quesada, que aceptó otorgar a cada uno 38 mil pesos.
Miles de ancianos aguantaron largas filas, sol y lluvia para recibir su dinero, miles murieron antes de recibirlo y miles aún están en espera.
La mayoría de los migrantes fueron jefes de familia, padres como el mío, que sacrificaron parte de su vida para dar estabilidad económica no solo a sus familias sino a su país, que a la fecha no ha logrado siquiera generar un esquema financiero que permita disminuir el costo por el envío de las remesas.
En el caso del gobierno federal se ha limitado a informar cada lunes los costos que cobran cada una de las intermediarias financieras, mientras que el gobierno del estado propuso al inicio de esta administración la creación de un Banco del Migrante que a la fecha duerme el sueño de los justos, debido a trabas legales.
Afortunadamente, la ineficiencia de nuestras autoridades no logra opacar la lucha migrante, que pese a todo se mantiene en el campo laboral, que pese a todo se empeña en enviar cada año cerca de 36 mil millones de dólares, es decir, cerca de 900 mil millones de pesos.
Mi reconocimiento para todos y cada uno ellos, y para sus familias.
