El gobierno de Michoacán presentó controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en demanda de la invalidez del acuerdo por el que otorgó a las Fuerzas Armadas las facultades para realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos 5 años.
El documento que se publicó este lunes en los estrados electrónicos del Poder Judicial Federal, fue presentado por el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Lenin Sánchez Rodríguez, quien en entrevista con Carlos Monge en Post Data Radio, explicó que el decreto publicado el 11 de mayo tiene “diversos visos de inconstitucionalidad que no generan certeza jurídica a los gobernados”.
Argumentó que el Estado federal debe guardar respeto a los estados y la tarea de seguridad pública debe estar circunscrita a las autoridades civiles, pero “es un decreto abierto, que no está motivado y fundado cada uno de los principios que debe cuidarse, se maneja de manera abierta, no cuida esa parte de coordinación que establece el artículo 21 de la Constitución”.
Recordó que la seguridad pública no le toca sólo a la federación, sino hay una correlación con los estados y los ayuntamientos, pero en el acuerdo federal “no queda claro cómo va a ser, cómo se van a circunscribir las fuerzas armadas en esta situación”.
El Consejero Jurídico, explicó que en el mismo documento se señala que sólo se narran pero no se establecen con precisión los principios de que “la fuerza armada estará regida por un principio de regulación, debe ser extraordinaria esa fuerza, debe haber fiscalización civil, disposición subordinada y complementaria, todo eso debe ser desarrollada, como parte de un protocolo”.
Señaló que en consecuencia, se busca que se defina cada una de estas situaciones, ya que el artículo 39 constitucional determina la salvaguarda del gobierno federal a las entidades pero cuando éstas así lo soliciten, se coordinen o así lo convengan.
Lenin Sánchez, informó que otros estados han anunciado que promoverán recursos legales similares y algunos han solicitado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) actúe en base a las facultades que tiene, aunque hasta el momento no lo ha hecho.
